La huelga indefinida en la justicia gallega, que arrancó el miércoles de la semana pasada, seguirá tras fracasar este lunes una nueva reunión entre representantes de la Xunta y de los trabajadores del sector, encaminada a intentar reconducir un conflicto que ha obligado a suspender cientos de juicios y miles de trámites jurídicos en la comunidad, además de paralizar los registros civiles.

Tras varias horas de reunión, con dos recesos en los que los representantes de los trabajadores pudieron estudiar una nueva oferta de la Administración gallega, los siete integrantes del comité de huelga, en el que están representados los sindicatos SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO., han ratificado el desacuerdo en una rueda de prensa conjunta en la misma sala del encuentro en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

El portavoz del comité de huelga, Enrique Araújo (STAJ), ha recordado que los sindicatos habían apelado a que participasen en este encuentro el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, pero aún así accedieron a sentarse con los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y de Función Pública, José María Barreiro, para ver "qué traían".

En su conjunto, han criticado una nueva propuesta que, según han remarcado, no aporta "ninguna mejora sustancial" para solucionar "la discriminación" con los "descuentos" en las bajas por incapacidades temporales y tampoco satisface las expectativas al completo en asuntos como las amortizaciones, la consolidación de empleo en el caso de los refuerzos prolongados.

Los sindicatos también exigen que cese ya "la discriminación flagrante" de

que un funcionario de la justicia pueda asumir la sustitución de un compañero de rango superior "y no cobre lo equivalente". "Es un problema que lleva años latente y solo en Galicia sucede tal cosa. Es un problema flagrante que queremos que cese ya", ha sentenciado.

Los representantes de los trabajadores, que continúan con Rueda en el foco, también le echaron en cara sus declaraciones del pasado viernes pidiendo "disculpas" a la ciudadanía por los perjuicios de la huelga. "Que deje de pedir disculpas y que solucione el problema, que para eso le pagan", han instado, antes de instarle a dejar su cargo si no lo hace.

OFERTA "RIDÍCULA"

Aunque el "principal escollo" está en la "discriminación" de las bajas, Araújo también ha tildado de "ridícula" la nueva oferta retributiva que la Xunta plantea para el complemento autonómico transitorio y que eleva la anterior en una media del 20 por ciento (el porcentaje varía décimas en función del cuerpo, dado que la administración no plantea un incremento lineal).

El Gobierno gallego pasaría a ofrecer, así, 90 euros más al mes para los gestores; 76 para los tramitadores; y 68 para los auxilios (unos 15 euros más al mes que en la anterior propuesta en cada cuerpo). La orquilla anual de la subida oscilaría entre más de 800 euros y unos 1.080, según precisó después Martín. La implantación se haría en dos anualidades: la mitad en 2019 y la mitad en 2020.

El comité de huelga, sin embargo, ve "ridícula" esta oferta. "No nos vale, sigue muy por debajo de lo necesario para acabar con la discriminación y estamos aún muy lejos de alcanzar un acuerdo", ha señalado Araújo, quien también ha advertido que para los sindicatos, al margen de que cese la discriminación en las bajas, es "irrenunciable" que un tramo de la subida se aplique en 2018.

CONTRAOFERTA

En esta coyuntura, los sindicatos han presentado su contraoferta, que también rebaja, han precisado, "en torno al 18 por ciento", sus pretensiones iniciales que la Xunta situaba en una subida de unos 270 euros al mes, lo que supondría unos 3.000 euros al año por funcionario de la administración judicial.

Mantienen la exigencia de que el incremento sea lineal (la Xunta insiste en diferenciar en función del cuerpo) y que se aplique, desde 2018, en tres anualidades: el aumento del complemento autonómico sería así de 100 euros lineales para todos los cuerpos en 2018, a los que habría que sumar 75 euros en 2019 y otros 50 euros en 2020.

En su conjunto se alcanzaría un incremento de 225 euros al mes que el Ejecutivo autonómico sigue viendo inasumible. A partir de 2021 se aplicaría una cláusula de revisión automática, además.

"NO SE VA A PARAR LA HUELGA"

Los sindicatos han instado a la Xunta a estudiar su contraoferta y esperan que les vuelva a convocar para hablar, mientras que los representantes de la Administración autonómica ha advertido que los otros puntos se pueden estudiar, pero la propuesta económica que han planteado este lunes es "la última".

El comité de huelga mantiene que la mejora es "insuficiente" y han advertido de que la huelga indefinida, que este miércoles tuvo un seguimiento de nuevo de en torno al 90 por ciento, según sus cálculos, similar al de jornadas anteriores, "no se va a parar".

De hecho, aunque han celebrado que este lunes "sí que hubo diálogo", han lamentado que la Xunta siga en su postura "inmovilista y prepotente" en cuestiones claves para ello como las bajas por incapacidad temporal. Dicho esto, se han mostrado convencidos de que los representantes de la Administración "se dignaron a reunirse" por la "alta participación de la huelga", y han ratificado que "seguirá".

"Seguirá por el inmovilismo de la Xunta en las incapacidades temporales y su oferta insuficiente en el resto de temas", ha concluido Araújo.

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