Elena Allué y Arturo Aliaga (PAR)
Elena Allué y Arturo Aliaga (PAR) EUROPA PRESS

La Comisión de estudio serviría para analizar el impacto del impuesto de sucesiones en la Comunidad, observar lo que ocurre en otras regiones y podrían comparecer expertos para después elevar al Gobierno un dictamen tendente a "equilibrar el impuesto sin discriminación respecto a otras comunidades", ha expuesto Aliaga en rueda de prensa.

Aliaga ha afirmado que "no hemos podido hacer reflexionar" al Gobierno autonómico de Javier Lambán sobre la necesidad de rebajar este gravamen, recordando que cuando el PAR ha gobernado, tanto con PP como con PSOE han promovido la reducción de la carga fiscal. Tras "recuperar" la presión impositiva el Ejecutivo de Lambán, Aragón se encuentra entre las comunidades con "los impuestos más altos del panorama español", ha recalcado.

Arturo Aliaga ha confiado en conseguir que esta Comisión elabore una serie de recomendaciones para intentar "modificar el rumbo y cambiar el criterio" reduciendo esta "presión fiscal asfixiante". Ha llamado la atención sobre "todo el movimiento social" surgido ante este "agravio comparativo".

POLÍTICA ERRÁTICA

Por su parte, la diputada del PAR, Elena Allué, ha recordado que las Cortes ya han aprobado, por mayoría, una proposición no de ley para solicitar la creación de una Comisión con este objetivo.

El Gobierno autonómico está "errando en su política fiscal", ha considerado Allué, subrayando que "tiene muchos frentes abiertos" y debe "recular", puesto que Aragón está "a la cabeza en muchos impuestos". Ha emplazado al Ejecutivo a escuchar a los partidos y las "miles de quejas" ciudadanas, implementando una política fiscal no "errática" como la actual, sino "prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria".

La parlamentaria ha recordado que la cámara ya ha puesto en marcha una Comisión de estudio para reformar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), llamando la atención sobre las 130.000 quejas ciudadanas y la necesidad de "aligerar" la carga fiscal.

Asimismo, Elena Allué ha dicho que el Ejecutivo regional "está tergiversando" cuando afirma que este impuesto solo afecta al 10 por ciento de la población, cuando en realidad "son las clases medias y también las medias bajas las que están soportando la carga", situándose en "una clara desventaja".

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