A su salida de la comparecencia, que ha comenzado alrededor de las 10,45 horas y ha durado menos de una hora, el diputado ha dicho que "por fin después de tres años" ha podido acudir "a dar las explicaciones y aclaraciones oportunas" sobre un procedimiento judicial "que ha sembrado muchas dudas" en la gestión del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en su época de alcalde.

"He hecho las aclaraciones y dado la respuesta oportunas al juez y al fiscal y espero que eso cierre el procedimiento lo antes posible y se recupere lo que yo creo que yo creo que es la justicia", ha comentado, al tiempo que ha desvelado que negado los cargos que se le imputan tal y como ha hecho durante estos tres años que han transcurrido desde que se abrió la causa. Además, ha dicho que estos han sido unos años donde se ha mostrado "muy austero y muy respetuoso con los tiempos judiciales" que "muchas veces no son acompañados por los tiempos políticos".

Así, ha esperado que después de las declaraciones que ha aportado este jueves en el Supremo el proceso se cierre. "He hecho mis aclaraciones y mis explicaciones lógicamente para demostrar que todo se hizo conforme a la ley y espero que así lo valore el tribunal y así lo declare a la mayor brevedad posible", ha insistido el diputado del PSOE, aunque ha abogado por "esperar" porque ya se ha aportado "toda la documentación posible" para demostrar que la gestión fue legal "y ahora solamente queda esperar y que se haga justicia".

ANTECEDENTES

El alto tribunal abrió causa contra el parlamentario el pasado noviembre en atención a la exposición razonada que le había remitido el juzgado mixto número 2 de la citada localidad sevillana tras hallar "indicios de criminalidad" en su actuación con respecto a la citada sociedad municipal.

En aquella exposición razonada, formalizada el 31 de mayo, el juez instructor de Sevilla resume los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, que "reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes".

Se trataba de "gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio), Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".

Mencionaba además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".

Además, en su exposición razonada, el instructor desgranaba toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública", incluyendo prácticas "irregularidades" con proveedores y clientes, "tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado".

"Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones", opina el juez instructor, que atisba una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas", dada "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de ACM.