El agente acusado de amenazar al 'Ico' niega que le hiciera llegar una carta para que le exculpara en la causa policial

  • El policía local acusado de amenazar al 'Ico' ha negado este jueves que le hiciera llegar una carta en la cárcel a través de un funcionario de prisiones para que la firmara exculpándole en la macrocausa de corrupción policial.
Los Acusados Jaime Garau Y Pedro José Talavera
Los Acusados Jaime Garau Y Pedro José Talavera
Europa Press
Los Acusados Jaime Garau Y Pedro José Talavera

En este juicio, que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, están acusados el agente de la Policía Local Jaime Garau y el funcionario de prisiones Pedro Talavera, por un presunto delito de obstrucción a la Justicia y otro contra la salud pública.

Garau ha afirmado que no tiene ninguna relación ni trato especial con el funcionario y que no ha amenazado "a nadie". También ha negado haber recompensado al 'Ico' con entregas de medicación y drogas a cambio de firmar la carta.

Asimismo, Garau ha mantenido que es "mentira" que el 'Ico' no sepa leer o escribir porque él mismo le ha entregado citaciones y las ha firmado. El policía también ha recalcado que el único que le ha identificado es el 'Ico' y que precisamente había actuado contra él en numerosas ocasiones en Son Banya. Por ello, ha criticado que la Policía Nacional "sólo investiga lo que le interesa".

En su interrogatorio, el policía ha protestado por la forma en la que fue detenido porque asegura que no le leyeron los derechos y que un policía nacional manifestó que el fiscal le "tenía ganas".

A esto, el fiscal ha preguntado al acusado por qué no informó de esto cuando declaró tras ser detenido, ya que como policía local conoce el procedimiento.

Además, Garau ha dicho que estando en prisión le llegó a través de un preso un "rumor" sobre que el 'Ico' había dicho que le extrañaba que él estuviera allí. En la cárcel, ha subrayado, no tuvo ninguna posibilidad de contactar con el 'Ico' y siempre estaba con su compañero de celda.

Finalmente, ha indicado que no sería capaz de hacer frente a la multa que se le pide porque está suspendido de empleo y sueldo.

CARTA EN PRISIÓN

La Fiscalía acusa al policía y al funcionario de haberse coordinado para entregar en la cárcel una carta al 'Ico' con el objetivo de que se retractara de sus acusaciones contra Garau.

El 'Ico' había declarado en la macrocausa de corrupción policial por presuntas amenazas y extorsiones de policías locales exigiéndole dinero para evitar que se clausurara su local nocturno de la calle Joan Miró.

El 'Ico' aseguró que Garau le había amenazado diciéndole que si seguía declarando "iba a tener muchos problemas" porque le harían muchos controles e inspecciones y le "pillarían en algún control de alcoholemia o en intervenciones de drogas". También afirmó que el policía le dijo "que tuviera cuidado porque le joderían la vida" y que los policías locales estaban "muy organizados" y podían ir a por él.

Según el fiscal, el segundo acusado, funcionario del centro penitenciario de Palma, se encontraba de servicio en el módulo de ingresos

y abordó al 'Ico' en la cárcel para darle una carta y explicarle su contenido, porque es analfabeto.

En esta carta, dirigida al juez Penalva, el 'Ico' se desdecía de lo declarado y por tanto negaba que Garau le hubiera amenazado. Según la Fiscalía, el funcionario de prisiones le presionó para que la firmara y la enviara al Juzgado advirtiéndole de que si no lo hacía "a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle" y "que le echaría una manta por encima y lo ahorcaría".

Según este relato, el funcionario quería que el 'Ico' enviara personalmente la carta para que constara documentalmente el módulo desde el que había salido la misma. El 'Ico' firmó la carta pero se negó a enviarla y denunció estos hechos frente al director de la cárcel.

Con todo, la Fiscalía sostiene que los acusados, tras obtener la firma, a modo de recompensa entregaron al 'Ico' diazepam, trankimazin y seis gramos de hachís, por lo que también se les acusa por tráfico de drogas.

Por estos hechos el Fiscal pide para cada uno de los acusados seis años de prisión -dos por el delito de obstrucción a la justicia y cuatro por el delito contra la salud pública-, suspensión de todo cargo o empleo público durante el tiempo de la condena y una multa de más de 22.000 euros.

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