La Fiscalía encargada de luchar contra los delitos medio ambientales en Alicante ha anunciado su intención de recurrir la sentencia que absolvió a 11 acusados de realizar vertidos al río Segura entre 1998 y 2002, y a tres directivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El fallo consideraba que no se ha producido delito medioambiental y obligaba a pagar las costas judiciales a la acusación popular, o sea, a Ecologistas en Acción y la agrupación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. El tribunal reconoció que quedaba acreditado que realizaron los vertidos, pero con licencia municipal.