La incapacidad de los líderes europeos para llegar a un acuerdo se salda con importantes repercusiones políticas de inciertas consecuencias, pero además, en palabras de la comisaria europea de Presupuesto, Dalia Gysbauskaité, supondrá "la parálisis de la mitad del presupuesto comunitario".

En principio, los que más tienen que perder con este retraso son los diez nuevos países miembros, los que reciben ayudas del Fondo de Cohesión y España. El problema se plantea, sobre todo, porque nadie puede predecir ahora cuándo los Veinticinco podrán llegar al consenso, sobre todo después de que la cumbre europea terminará con las espadas bien en alto entre algunos de los principales contribuyentes netos -como Reino Unido y Holanda- y los mayores receptores de ayudas.

Luxemburgo, cuya neutralidad en materia financiera se consideraba una garantía para la negociación, pasará el testigo de la presidencia rotatoria a Gran Bretaña el próximo 1 de julio.

De esta manera, la delicada labor de mediación que corresponde a una presidencia queda en manos del principal artífice del fracaso, por su obstinación en defender el "cheque británico" -devolución anual de las arcas comunitarias-, con lo que el acuerdo podría languidecer durante seis meses y no llegar hasta 2006.

En el caso de España, el retraso puede abrir la puerta a que Galicia y Castilla-La Mancha dejen de ser objetivo prioritario de desarrollo, con la consecuente pérdida de ayudas regionales.

La propuesta rechazada establecía el trienio 2000-2002 como periodo de referencia para calcular la riqueza relativa de cada región, según el cual ambas seguirían por debajo del umbral del 75% de la media comunitaria. Sin embargo, el retraso puede llevar a considerar un nuevo periodo de referencia, presumiblemente 2001-2003, con el que, casi seguro, ambas comunidades superarían el techo de renta.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cree que hay tiempo suficiente para cerrar en los próximos meses un acuerdo antes de que las estadísticas perjudiquen a España.

Por otra parte, el fracaso tiene una consecuencia técnica de importantes repercusiones prácticas pues hasta que no haya consenso no se podrán tramitar las bases legales de los programas plurianuales para cohesión, investigación, educación, o ayuda al desarrollo, proceso que requiere unos dieciocho meses.

De esta manera, cerca del 40% del presupuesto no podría ejecutarse a principios del periodo de programación y sólo se mantendrían sin retrasos las ayudas directas a los agricultores y "los salarios para los burócratas; el resto quedaría paralizado", advirtió Gysbauskaité recientemente.

Además, existe el riesgo de entrar en una crisis presupuestaria, posibles conflictos entre las diferentes ramas de las autoridad presupuestaria (Consejo de ministros y Parlamento Europeo) y la pérdida de la planificación presupuestaria plurianual. A pesar de todo, la situación no sería nueva, pues el actual periodo de programación, que empezó en 2000, se acordó sólo nueve meses antes de su entrada en vigor.

La consecuencia fue que la mayor parte de los fondos estructurales empezaron a llegar tarde a los países y aún no se ha recuperado todo el retraso. En todo caso, lo que se está seguro es que al final del periodo 2007-20013 todos habrán recibido el montante total de dinero que les corresponda, pues el eventual retraso de pagos en los primeros años se equilibraría con una trasferencia mayor en los siguientes años.