El encargado de defender esta propuesta ha sido el edil de Servicios Sociales, Francisco José Martín, explicando que así "se da un paso más con la aprobación de este reglamento que permitirá controlar el proceso y los parámetros de acceso a estas viviendas, así como algunas normas de convivencia". De hecho, ha detallado que el Ayuntamiento dispone ya de una vivienda "completamente habilitada para este fin".

"Es un proyecto que surgió tras una reunión que la alcaldesa, Ana Mula, y yo mantuvimos con una señora que tenía serios problemas para llegar a final de mes. Por supuesto, le prestamos ayudas a través de Servicios Sociales, pero hemos querido dar un paso más con la puesta en marcha de esta iniciativa", ha explicado Martín.

VIVIENDAS COMPARTIDAS

Las viviendas compartidas son alojamientos en los que un grupo de personas, preferentemente las incluidas en el colectivo de mayores o personas con discapacidad, que disfrutan de un grado aceptable de independencia personal, eligen vivir en régimen de autonomía, aunque bajo la tutela y/o asistencia técnica de una entidad pública, en este caso del Ayuntamiento.

En especial, los alojamientos compartidos están concebidos para aquellas personas mayores de 60 años que lo precisen y cuyo perfil y características se reflejan en reglamento. Por norma general, se dirigirán a personas que se encuentren en un estado físico y psíquico que no necesita de apoyo externo, tengan dificultades para mantenerse en su vivienda por deterioro de la misma o problemas de convivencia, o que sean obligados a abandonarla o no dispongan de recursos económicos, familiares y/o sociales, entre otros.

De esta manera, cada usuario contará con una habitación individual o en el caso de las parejas, podrán compartirla. Eso sí, tanto el salón, como los baños o la cocina serán considerados como zonas comunes, por lo que los compañeros deberán compartir esos espacios. Además, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se encargará de las labores generales de limpieza de las viviendas.

REQUISITOS

Entre los requisitos establecidos en el reglamento para acceder a este programa destaca que el solicitante deberá mayor de 60 años, mientras que los que tengan menos podrán acceder a una plaza cuando tengan una relación de matrimonio o similar, o de parentesco hasta el segundo grado, con otro solicitante de 60 o más años; ser jubilado o prejubilado, o persona que tenga reconocida una discapacidad que le permita realizar las actividades básicas de la vida diaria de forma independiente, siempre que éstos tengan 50 o más años y haya disponibilidad de plaza.

Como también debe ser natural o estar empadronado con tres años de antigüedad inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud en Fuengirola; no sufrir enfermedad infecto-contagiosa; que puedan desplazarse por sí mismos; al igual que puedan responsabilizarse de su propia medicación -cuando lo precisen-.

También en el reglamento se estipula que los usuarios no deben disponer de familiares directos que puedan atender las necesidades de alojamiento de la persona solicitante. Y en el caso de disponer de éstos, acreditar las causas por la que no se pueden hacer cargo de la misma ante la Comisión Técnica.

Si uno de los miembros falleciese y el otro cumple con los requisitos establecidos, éste mantendrá la condición de beneficiario del servicio. Los usuarios deberán abonar hasta un 25 por ciento de sus pensiones hasta un máximo de 150 euros, aunque esto puede cambiar una vez que se determinen quiénes son los usuarios que se benefician de la iniciativa.

"Me comprometo a que la aportación que deberá abonar cada usuario, una vez que se determine quiénes son, será ajustada a los costes de mantenimiento de la vivienda. Es un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión", ha explicado la regidora, añadiendo que los beneficiarios de este programa serán considerados como "arrendatarios del inmueble".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Por otro lado, el equipo de gobierno ha presentado en el pleno una moción en la que ha mostrado su apoyo a la prisión permanente revisable y se ha instado a que no se derogue. Ha contado con el apoyo del PP, mientras que PSOE, IU y Costa del Sol Sí Puede Tic Tac (CSSPTT) han votado en contra y Ciudadanos ha optado por la abstención.

En 2015, se introdujo en el Código Penal la prisión permanente revisable, que es un tipo de penas que ya existe en otros países y que surgió para dar respuesta a determinados delitos. El encargado de defender la propuesta ha sido el edil del equipo de gobierno, Rodrigo Romero, que ha indicado que la iniciativa se traslada a pleno "ante la intención de determinados partidos políticos a nivel nacional de derogar esta pena, algo a lo que el PP se ha mostrado absolutamente en contra".

"Se aprobó con un respaldo muy grande, de hecho, hay encuestas que afirman que el 80 por ciento de los españoles aprueba la prisión permanente revisable", ha detallado Romero, explicando que esta clase de pena "en ningún caso es una cadena perpetua, ya que si el condenado cumple unas condiciones y requisitos, podría salir de prisión. Para ello unos expertos deben determinar si el preso es reinsertable".