El alcalde de Cartaya, Juan Polo, en un pleno municipal.
El alcalde de Cartaya, Juan Polo, en un pleno municipal. AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Juzgado de lo Penal número uno de Huelva desestimó la impugnación formulada por el Consistorio, como acusación particular, y por el actual alcalde de la alcalde de la localidad, el independiente Juan Polo (ICAR); el que era portavoz de IU, Miguel Ángel Gea; el del PP, Juan Manuel Guerrero, y del PA, Antonio Carro, quienes actuaron en el proceso del caso Hincosa, condenándolos a pagar 478.749 euros, relativo a las costas y partidas de todos y cada uno de los letrados que actuaron en el proceso como defensores de los acusados. En concreto, el Ayuntamiento tiene que pagar esos 239.374 euros y casi 60.000 cada uno de los acusados.

Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por los citados partidos, personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

No obstante, en marzo de 2011 la Audiencia Provincial de Huelva ratificó la sentencia absolutoria del exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, de su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como de la mujer de éste, de un arquitecto y del administrador de la empresa Hiconsa al considerar que el convenio acordado era "legal, procedente y que la selección de esta empresa no fue arbitraria".

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado en una nota que IU ha apoyado la modificación y ha asegurado que "la utilización del dinero público para perseguir indicios de corrupción no sólo se justifica sino que dignifica el trabajo municipal y deja claro que se lucha para erradicar esta práctica".

El grupo municipal socialista se ha mostrado contrario, aseguran desde el Consistorio, a que "el Ayuntamiento tenga que pagar un juicio que nunca debió de tener lugar", mientras que el equipo de gobierno ha asegurado que "denunciar una situación en la que entendíamos que se había desfavorecido en tres millones de euros las arcas municipales con un convenio urbanístico que consideramos nada favorable para el Consistorio, fue una decisión absolutamente responsable de cinco de los grupos municipales con representación entonces".

El alcalde ha recordado al respecto que "este camino lo emprendimos los concejales comprometiendo nuestro patrimonio personal y con el objetivo de defender los intereses municipales, porque, de haberse demostrado lo que denunciamos, el beneficio sería para el Ayuntamiento".

"Como no se ha podido demostrar, que nadie dude de que cada uno de nosotros haremos frente al pago que nos corresponde, y el Ayuntamiento, como parte del proceso y como administración afectada por la situación, al igual que otras administraciones en los casos que a cada una les afecta, hará frente a la suya", ha manifestado.

En esta línea, la portavoz del equipo de gobierno, María del Carmen García, ha subrayado que el mismo "puede decir con la cabeza muy alta que pagará las costas de este proceso, que surgió por una sospecha de corrupción urbanística".

7,5 MILLONES DE OTROS PROCESOS

"Y lo decimos -ha añadido- con la misma responsabilidad y seriedad con la que hemos pagado los intereses de demora y las costas de los numerosos procesos judiciales que no hemos generado nosotros y a los que sí le hemos hecho frente, cantidad que asciende a cerca de 7,5 millones de euros, sólo en costas e intereses".

En esta línea, la portavoz municipal ha desgranado uno a uno "los gastos en costas de este Ayuntamiento a raíz de una mala gestión política y económica heredada". Así, según ha asegurado, "sólo en costas y en intereses de demora, este Ayuntamiento ha llegado a pagar, por ejemplo, 250.000 euros por la expropiación de los terrenos del polideportivo; 641.000 euros por los intereses por facturas de Cespa, la anterior concesionaria de la limpieza viaria; 450.000 euros por la liquidación del contrato de obras del Pabellón de Exposiciones y 827.000 euros por las indemnizaciones por intereses del mismo".

A su vez, ha proseguido, han tenido que pagar "1,8 millones por el pago de las deudas adquiridas con los proveedores; 2,3 millones de euros por los intereses de la anulación de un SWAP, una especie de cláusula suelo sin firma del interventor, y así un largo etcétera de asuntos por los que este equipo de Gobierno ha tenido que hacer frente, derivados de una gestión que no es suya, y con el dinero de los ciudadanos de Cartaya". Casos, ha señalado, "derivados de una mala gestión, no de un caso que se pone en marcha ante sospechas de posible corrupción".

ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINES

Por otro lado, el pleno ha aprobado, con el voto favorable del equipo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias que permitirán el inicio de la adjudicación del servicio de jardinería en la localidad y la que dará cobertura a la del servicio de limpieza viaria y playas.

Ambas, según ha destacado el alcalde, "nos permitirá mejorar estos servicios, puesto que el plan de ajuste nos impide hacer inversiones directas en la compra de maquinaria o de material, o incluso en el incremento de la plantilla".

Para el primer edil "mejorar los servicios que directamente presta el Ayuntamiento a la ciudadanía, como es también el caso del proyecto de arreglo de los caminos rurales, es uno de los grandes objetivos en esta legislatura, junto con el de crear las condiciones para la reducción del desempleo en la localidad y el de reducir la deuda municipal".

Al respecto, ha asegurado que esta cuestión "se está consiguiendo con la reducción del nivel de endeudamiento de este Ayuntamiento desde el 140 por ciento que nos encontramos hasta menos del 80, cifra en la que se sitúa actualmente, con un remanente positivo de tesorería de cuatro millones de euros el último año, que es el que vamos a invertir en arreglar los caminos rurales".

Además, el pleno ha dado luz verde por unanimidad de todos los grupos a la incorporación de la evaluación de impacto en la salud a la modificación número 10 del PGOU, último trámite que ha exigido la Junta de Andalucía para el proyecto de ampliación del CEIP 'Virgen del Carmen' de El Rompido.

Desde el equipo de Gobierno se ha instado a la Consejería de Educación "a acelerar este proyecto y a recoger la inversión real para su ejecución lo antes posible, porque no está entre las partidas económicas previstas en este año, y nos parece una prioridad que los niños de este centro puedan disponer de aulas en condiciones, y deje de suplirse la falta de espacio con aulas portátiles", aseguran desde el Consistorio.

Entre otros acuerdos adoptados por el pleno, destaca el compromiso del equipo de Gobierno de reunirse con los propietarios de establecimientos para abordar la tasa sobre utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal en lo relativo a la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y toldos, en respuesta a una moción del grupo municipal de IU solicitando la modificación de esa tasa, circunstancia que el Consistorio estudiará analizándola en detalle con el sector, según ha destacado la portavoz, María del Carmen García.

Otro de los asuntos abordados en el pleno fue el último corte de agua que afectó a El Rompido hace unos días, y sobre el que el alcalde ha explicado que "se debió a una avería puntual ante la que ya se está estudiando una solución que pasa por habilitar una nueva canalización que evite que se repita la situación".

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