El Ayuntamiento carbonero ha informado a la jueza, en el marco de estas pesquisas, de que "no se puede aportar, ni acreditar" que exista "ninguna resolución o decreto" de fecha 31 de julio de 2009 para la adquisición de la colección por parte de quien era entonces concejal de Cultura y en la actualidad edil en la oposición pese a que ella aportó fotocopia compulsada de un documento en que, a parecer, adjudicaba a la editorial el suministro de las 80 estampas.

En el escrito, consultado por Europa Press, se indica que se han "revisado todos" los decretos y resoluciones emitidos en 2009 y que "solo se ha encontrado un decreto de la citada Concejalía de Cultura correspondiente a la aprobación de pagos para un festival de jazz".

Por otro lado, comunica al Juzgado de Instrucción 2 de Vera que "no constan" en los registros municipales los originales de otras certificaciones aportadas por los investigados y en las que el secretario daría cuenta, cuando se hizo el traspaso del bastón de mando entre PSOE e independientes de Gicar, de la presencia de la colección en los archivos municipales.

El Consistorio, en respuesta a la interpelación de la jueza, señala, asimismo, que los sellos estampados en los documentos parecen ser los oficiales del Ayuntamiento si bien hace matizaciones y remarca que la calidad de la copia "dificulta en algunos casos la identificación de los sellos".

Entre las matizaciones, indica que algunos de los documentos presentados por Fernández y Cruz "carece de los sellos de Alcaldía y secretaria" y apunta a que otro "sólo tiene un único sello en el que no resulta legible el escudo ni el área de trabajo a que corresponde".

Añade que uno de los documentos tiene estampado un sello ovalado que "parece corresponder al área de Cultura" pero remarca que este "no resulta legible" y que en la fecha que figura "estaban siendo sustituidos por sellos redondos".

Esta nueva diligencia llega después de que la jueza requiriese al Ayuntamiento en un oficio para que "a la mayor brevedad posible" acreditase la existencia de los originales de los documentos cuestionados. En el marco del mismo procedimiento, el consistorio ya informó de que la compra se realizó presuntamente sin tramitar "expediente alguno" y "sin ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales".

Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que distinguía entre dos hechos a investigar que pasarían, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la entonces concejal de Cultura Josefa Cruz ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, esta se debió a una "decisión personal suya inmotivada" y "razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público".

Por otro lado, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y "la desaparición posterior de la misma sin que exista -remarcaba- ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió".

El decreto de la Fiscalía partió de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar) en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

El consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.

"DECISIÓN PERSONAL" Y "DESVÍO" DE SUS FINES

El Ministerio Público estimó que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en este, "se acreditan" los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas "fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra" y también que estas "nunca fueron expuestas al público como era su destino".

Indicó, en esta línea, que "no es descartable" que el "acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas" pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa ya que hay -ahondaba- "fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento".

El fiscal apuntaba, por otro lado, que el "desvío" del material adquirido para "fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado", podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

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