Bravo se ha pronunciado en estos términos en un desayuno en València organizado por Nueva Economía Forum, donde ha asegurado que en la Comunitat se está pendiente de una sala de vistas madrileña "en la que la Justicia pasa factura a una manera corrupta de gobernar, de ejercer las responsabilidades políticas en perjuicio de los intereses generales de la ciudadanía". Una actuación judicial que, opina, "tendrá consecuencias en la vida pública valenciana".

Sobre este asunto, preguntada por qué le parece el pacto de la Fiscalía con los empresarios que confesaron los hechos que incluía el requisito de no desvelar quién les pidió el dinero para financiar al PPCV, la consellera ha dicho que tiene "muchas dudas" de que el pacto sea en este sentido. "No puedo valorarlo porque no lo conozco", ha apostillado.

En general, Bravo ha lamentado que "los numerosos casos de corrupción que afectan a cargos públicos y dirigentes políticos no solo degradan la reputación como país, sino que acrecientan la desconfianza de una sociedad decepcionada y consciente que exige un saneamiento y una regeneración democrática desde la raíz".

A su entender, "el riesgo de la anomia, el conformismo de la ciudadanía por la impotencia ante una sociedad devastada por comportamientos corruptos, son el caldo de cultivo del populismo sin ideología o del sometimiento acrítico al poder carismático". "Son riesgos que debemos atajar con una regeneración de la política", ha abogado.

Así mismo, ha puntualizado que la corrupción tiene unos "gravísimos" costes: "económicos, porque altera el correcto funcionamiento del mercado; y políticos, ya que socava las instituciones y quiebra la confianza en la clase política". "Tiene también costes sociales al obstaculizar la redistribución de la riqueza. Y sobre todo tiene un coste moral, máxime si no encuentra una adecuada respuesta punitiva", ha lamentado.