En este sentido, todos han coincidido en la capacidad de diálogo para alcanzar dicho acuerdo que centra sus medidas, según puntualizaron, en acciones para mejorar la protección social, la

competitividad, el absentismo, la economía sumergida, el empleo y la seguridad laboral, de tal forma que actualiza las medidas del anterior pacto.

Al respecto, el presidente de la patronal de empresarios de Tenerife, la CEOE, José Carlos Francisco, subrayó que tras un año de trabajo se han alcanzado acuerdos "importantes" incluidos en esta firma.

En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, señaló que las confederaciones empresariales cumplen en 2018 su 40 aniversario y aseguró, en rueda de prensa, que "no hay mejor manera de celebrarlo", al tiempo que incidió en lo "fundamental" del diálogo para alcanzar estos acuerdos.

Asimismo, consideró que ahora se deben "generar las condiciones necesarias" desde el Gobierno canario para poner en práctica lo firmado, subrayando que "es el momento de gestionar con tiempo e inteligencia" el momento económico actual.

Por su parte, el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, expuso que este acuerdo debe servir de "acicate" para que empresarios y sindicatos se sienten con el objetivo de acabar con la bolsa de pobreza actual.

En relación con ello al ser cuestionado por las 'amenazas' de llevar a cabo huelgas generales para exigir a los empresarios un 'reparto de la riqueza', Santana admitió que esta es una "herramienta" de la que disponen los sindicatos, si bien puntualizó que en los últimos casos en los que se ha activado, finalmente no se ha desarrollado porque se han alcanzado acuerdos. "No existen excusas para que no se suban los salarios", apostilló.

El secretario de CCOO en Canarias, Inocencio González, abogó por su parte porque la negociación colectiva sea "elemento vertebrador", al tiempo que admitió que este acuerdo marca "un antes y un después" en la concertación social.

Por su parte, tanto Clavijo como Valido resaltaron la importancia de lo firmado y asumieron el reto de "hacer realidad lo firmado", apuntó Valido.

MEDIDAS

El acuerdo lo conforman documentos de diferente índole donde se detalla un gran número de medidas para mejorar la competitividad de la economía y sociedad canaria, reducir el absentismo y erradicar la economía sumergida; una batería de propuestas compartidas para favorecer la empleabilidad; un compromiso de mejora de las herramientas de protección social y se formaliza la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el año 2020, como parte fundamental del bienestar social.

En el marco de la competitividad, se plantean 26 propuestas generales, tales como fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, potenciar un sistema de garantía de créditos, facilitar la transformación digital de los sectores productivos, fomentar el uso de energías renovables, atraer la inversión y fomentar la internacionalización de las empresas canarias.

También diseccionan otras 54 actuaciones de carácter sectorial, tales como la reconversión del sector turístico, la mejora continua de la conectividad, la creación de plataformas comerciales, la mejora de los sectores agrícola, ganadero y de la actividad pesquera o el impulso del mercado audiovisual.

En relación a la economía sumergida se plantean 38 propuestas de actuación que van desde potenciar el asociacionismo, la realización de campañas informativas, implantación de programas en los centros educativos hasta flexibilizar las cargas y procedimientos administrativos, impulsar la colaboración de los agentes sociales y económicos con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, tales como los migrantes y las mujeres.

Respecto al absentismo recoge 22 propuestas centradas en la creación de un observatorio, la implementación del teletrabajo, medidas de sensibilización y planes de incentivación y motivación entre otros.

En lo que se refiere a las políticas activas de empleo hay 25 actuaciones centradas en adaptar la formación a las necesidades de las empresas, promover la teleformación y la movilidad internacional, fomentar el emprendimiento como generador de la actividad económica, y acciones de orientación profesional e intermediación laboral para mejorar la empleabilidad y fomentar medidas que faciliten la contratación.

Por último, en materia de protección social se tiene como fin principal reducir la desigualdad en renta de las diferentes capas sociales a través de una mejora de los instrumentos existentes y la constitución de una mesa técnica de trabajo que estudie y acuerde las mejoras necesarias en la actual Ley de Prestación Canaria de Inserción y valorar sus fortalezas y debilidades. Además el Gobierno se compromete a incorporar a las organizaciones sindicales y empresariales en el Observatorio Canario de Servicios Sociales.

Los VI Acuerdos de Concertación Social también incluyen el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación Institucional que permitirá el pleno desarrollo de la participación de los agentes sociales y económicos con mayor representatividad en Canarias, siendo este reglamento el que fijará su representación en todos los asuntos de relevancia para ayudar a implementar políticas socioeconómicas que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía.