En un comunicado, el gobierno de Ponte Caldelas ha explicado que su recurso consiste en un requerimiento de anulación, y se justifica en que "el acto administrativo aprobado por Vigo adolece de vicios insalvables que lo convierten en nulo de pleno derecho", pues el Ayuntamiento olívico "no puede comprometerse a financiar una obra fuera de su ámbito territorial".

Añade también que este convenio no es válido porque está "fundamentado en la declaración de emergencia" declarada por Augas de Galicia en diciembre, la cual a día de hoy está revocada. "Por tanto, el convenio se apoya sobre unos antecedentes y unos fundamentos jurídicos inexistentes", sostiene.

Además, aprecia "defectos de forma invalidantes", al faltar una memoria justificativa previa, al carecer de la solicitud formal de colaboración y su documentación, y al no constar que Vigo disponga de una partida presupuestaria específica para la financiación de estas obras. Finalmente, apunta a posibles perjuicios ambientales, por lo que pide una solución "menos agresiva".

Al mismo tiempo que este recurso, el Ayuntamiento de Ponte Caldelas -gobernado por PSOE, AVP y BNG- ha presentado un escrito de consideraciones ante Augas de Galicia exponiendo los mismos argumentos y advirtiendo que "si llega a firmar ese convenio, trámite que la Xunta aplazó 'sine die', será inmediatamente recurrido en los juzgados de lo contencioso-administrativo".

El alcalde caldelense, Andrés Díaz, ha destacado que con esto se "inicia la batalla legal contra una ocurrencia que nunca debió haber llegado hasta este punto", y que considera "una agresión medioambiental" y una falta de respeto a la autonomía municipal. Aclara, finalmente, que recurre solo ante Vigo por sus actos "susceptibles de impugnación", mientras que la Xunta "pisó el freno".

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