De este modo, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, se pudo determinar que un gestor simulaba el transporte de los residuos peligrosos producidos en una empresa química de la provincia de Madrid hasta su planta Soriana para, supuestamente, una vez tratados y aplicados los distintos procesos descontaminantes, trasladar el producto final hasta otra ubicación en la provincia de Guadalajara donde, aparentemente perdida su condición de peligrosos, eran eliminados.

Sin embargo, los viajes sólo existían sobre el papel puesto que el único movimiento que realizaban los deshechos no superaban los 25 kilómetros, distancia que separa el origen de los mismos de la planta donde, efectivamente, eran eliminados pero con toda su carga contaminante activa, ubicada ésta en Guadalajara.

La finalización de las investigaciones permitieron demostrar la existencia de presuntas responsabilidades de las empresas investigadas en la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y falsedad documental.

BLANQUEO DOCUMENTAL

Para culminar sus actividades, las empresas contrataban a una empresa de transporte y combinaban los documentos propios de la gestión de residuos con albaranes de viaje. Mediante un sencillo sistema ponían en relación los supuestos recorridos que nunca se realizaban, documentando el viaje hasta tierras sorianas con un vehículo concreto, identificado con matrícula, mientras que el trayecto desde aquel destino a la planta alcarreña recogía otra matrícula distinta.

Lo que aparentemente podía resultar un "engaño visible" desde el primer momento, quedaba camuflado por el hecho de que en un documento se indicaba la matrícula de la tractora, mientras en el otro se señalaba el remolque. De esta manera, salvo un análisis a fondo de la situación, se inducía al error de pensar que era el mismo conjunto de vehículos pero con dos referencias distintas.

La colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que elaboró informes técnicos sobre el estudio de recorridos de los vehículos utilizados para el transporte, permitió determinar los trucos utilizados.

Con el uso de estos documentos se blanqueaba el movimiento de los residuos, presentando el balance final como una acción totalmente respetuosa con la legislación y con el Medio Ambiente. Así se confeccionaban certificados de gestión falsos, documentos de dontrol y seguimiento y cartas de porte.

DELITO MEDIOAMBIENTAL

Estos hechos, presenta otras vertientes peligrosas como el uso de placas ADR de identificación de mercancías peligrosas fraudulento, que imposibilitaría la adopción de las medidas correctas por parte de los servicios de emergencia en caso de accidente, lo que generaría una potencial situación de riesgo.

Además, los trabajadores de la planta en la provincia de Guadalajara estarían expuestos a los peligros del manejo de los residuos ya que, aunque llegaban a la misma como tratados, realmente contaban con todos los elementos de riesgo.

Se da la circunstancia de que esta última empresa es la que protagonizó un incendio en el verano de 2016 que fue muy seguido por todos los medios de comunicación. Este hecho se produjo en plena investigación por las actividades ilegales que ya venían realizando anteriormente.

Se estima una cifra de unas 3.000 toneladas de residuos peligrosos que se habrían eliminado sin ningún tipo de tratamiento previo.

Las actuaciones realizadas por las empresas investigadas tendrían también otra línea delictiva, al estar cobrando a sus clientes todo el proceso de tratamiento que no se hacía, además de las cuotas por transporte que tampoco se realizaban.