El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, ha descartado la posibilidad de aplicar el artículo de la Ley del Suelo que permite al Gobierno regional intervenir en los ayuntamientos con demoras en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha hecho un llamamiento a los diferentes consistorios para que tramiten sus planes de forma "ágil" en coordinación con el Ejecutivo autonómico.

"Yo creo que esa intervención no es necesaria", ha señalado Hernández, quien ha hecho un llamamiento a los distintos ayuntamientos para que aprueben sus respectivos planes, sobre todo, "en aquellos municipios que están creciendo y que tienen necesidades detectadas ya de establecer las normas de inversión".

Hernández cree que se debería haber aprovechado la crisis conómica para aprobar estos PGOU y que las normas para que los empresarios puedan invertir estuvieran claras. "Debemos aprobar los PGOU", ha enfatizado Hernández, quien ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Cartagena, donde "se ha generado incertidumbre, desorientación y se están desincentivando muchas inversiones que ya estaban comprometidas".

"El objetivo es que estos ayuntamientos puedan tener un instrumento urbanístico rápido de intervención para que no haya ningún tipo de pérdida de inversiones relevantes", ha subrayado.

SEGUNDA LEY DE SIMPLIFICACIÓN

Hernández también se ha referido a la Ley de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad, conocida como segunda Ley de Simplificación, cuya aprobación está prevista en 2018. A este respecto, ha señalado que los elementos más importantes que debe contemplar es la regularización de las actividades empresariales.

Y es que muchas empresas "vienen trabajando, generando empleo e inversión durante los últimos 30 y 40 años pero no se les ha permitido la regularización por cambios normativos dentro de su Plan General de Ordenación Urbana, generando inseguridad".

Pues bien, ha anunciado un proceso específico de regularización de actividades que permita darles seguridad ante "pequeños desajustes entre los tránsitos de la normativa urbanística local y las licencias de actividad que solicitaban". El fin último es que, a continuación, "puedan seguir invirtiendo y transmitiendo las empresas a las siguientes generaciones".

Otra medida importante que contendrá esta Ley, según Hernández, será el impulso al suelo industrial en la Región "en buenas condiciones, con buen precio y con capacidad competitiva" para que los empresarios puedan hacer inversiones a coste reducido y, además, garantizarse las condiciones de suministro eléctrico o de banda ancha, por ejemplo".

Para que las empresas no se tengan que instalar fuera de los polígonos industriales, el Gobierno regional prevé implementar herramientas de modificación del territorio y "quitar muchos procedimientos y cargas administrativas que no están justificadas".

Con todo, ha señalado que es un trabajo de "consenso" en el que se está trabajando "fundamentalmente" con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y, "lógicamente", con los sectores empresariales que son los que demandan ese tipo de modificaciones para hacer una Región más competitiva.

LEY DE UNIVERSIDADES

Al ser preguntado por la Ley de Universidades, Hernández ha considerado que los distintos agentes y sectores involucrados en la misma creen que hay una necesidad de hacer reformas para tener una universidad más ajustada a la realidad económica, más moderna y más flexible, más competitiva y que refuerce el talento, la apertura a la internacionalización o la captación de talento".

No obstante, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los agentes que participan en la universidad, así como de todos los agentes sociales y económicos de la Región, convencido de que se "antepondrán los intereses generales a los de partido". A su juicio, "si encontramos el consenso suficiente a nivel universitario y a nivel político, sería bueno que viera la luz" en 2018.

Al ser preguntado por la posibilidad de bajada de los precios públicos universitarios y tasas, exigida por el rector de la UMU, José Orihuela, el consejero ha señalado que el Gobierno regional está haciendo un estudio para establecer una comparación con las universidades de otras comunidades.

A este respecto, ha recordado que la Región está "por debajo de la media" y sólo se supera "puntualmente" en algunos ámbitos como los másteres no habilitantes". En un contexto de responsabilidad de gasto, Hernández plantea que no sólo sea el Gobierno el que aporte más dinero, sino que también la administración pública sea capaz de introducir eficiencia en el ámbito universitario.

Por ejemplo, ha recordado que la UPCT acaba de hacer una reforma para la reducción de su estructura administrativa porque había margen de mejora en la eficiencia. Esto va a introducir ahorros, según el consejero, quien insta a estudiar si eso "van a permitir mejorar la cofinanciación del acceso de los estudiantes".

Para el Gobierno regional, ha señalado que es "prioritario" que las familias de clase media "tengan que hacer menos esfuerzo para que sus hijos tengan acceso a la educación superior".

Ha señalado que los dos rectores de las universidades públicas y todo el cuerpo docente de las universidades "reconocen que, en estos últimos años, con el Plan de Financiación Plurianual se ha hecho un esfuerzo muy importante". De hecho, ha destacado que en el último año se ha incrementado en más de 10 millones de euros la dotación de inversiones para la universidad. Asimismo, ha remarcado los "grandes esfuerzos" realizados por el Ejecutivo en la equiparación salarial o en la recuperación de cantidades que estaban pendientes de ejercicios anteriores y en inversión de nuevas infraestructuras".

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