Desde el próximo lunes, los ciudadanos de Castilla y León que necesiten la ayuda de un cuidador o un apoyo al ser considerados grandes dependientes podrán percibir la prestación económica que les corresponde gracias a la Ley de Dependencia.

Antes deberían haber sido ya evaluados por los servicios sociales de la Junta, que han valorado a 14.000 personas de las 20.000 solicitudes que han recibido. De ellas 3.045 (485 de Valladolid) ya han recibido la resolución que les indica el grado y nivel de su dependencia.

La prestación, que en 2007 correspondía sólo a los que se consideren grandes dependientes (Grado III y nivel 1 ó 2), será además retroactiva desde el momento en el que haya solicitado su valoración.

Sin embargo, esta ayuda económica sólo corresponde a los que siendo grandes dependientes no hayan podido acceder a un servicio público o concertado de atención y cuidado y tengan que recurrir al sector privado.

Desde 2008 también podrán acceder a las ayudas que les correspondan los dependientes de grado II y nivel 2.

El cobro del dinero es posible gracias a que se ha desbloqueado la disputa que mantenían gobierno estatal y autonómico, y una vez que se ha pactado el denominado copago, un baremo que regula cuanto dinero percibirá cada dependiente para financiar su atención, en función de sus ingresos.

La ayuda máxima para los grandes dependientes de nivel 2 será de 780 euros y para los de nivel 1 de 585 euros siempre y cuando recurran a un servicio privado.

Hay otra opción y es que el cuidador sea del entorno familiar. Para ellos la prestación es de 487 euros (nivel 2) y 390 euros (nivel 1).

A partir de estas cifras máximas, se dará el 100% a los que su ingresos económicos sean igual o menor a 499,20 euros, el IPREM.

A los que sus ingresos son superiores se les irá reduciendo la prestación de forma proporcional, aunque por mucho que se cobre la ayuda no bajará del 40%.

Además, para cobrar la ayuda económica se deberá justificar el gasto y cada dependiente debe aportar una parte del costo total.

Es decir, si un dependiente que no tiene familia, cobra 550 euros (un poco más del IPREM), percibiría 739euros (un poco menos de la prestación máxima 780 euros) y debería aportar un 10% (82 euros). Con lo cual deberá justificar que el servicio contratado para su atención le ha costado al menos 821 euros.

Los afectados

En Castilla y León, se estima que hay 84.000 dependientes, de los que 15.800 son de grado III, es decir grandes dependientes a los que ya se les ha aplicado la ley en 2007.

La ley se irá aplicando a grados de dependencia menores hasta el año 2015.