84.000 dependientes, entre una pelea política

La Ley de Dependencia es un arma política que utilizan PSOE (en el Gobierno central) y PP (en la Junta) y que tiene en medio a los 84.000 dependientes que se estima hay en la región.

Este año, 15.000 personas, las de mayor dependencia, deberían contar con programa de atención individual, pero no se ha hecho.

La Junta culpa al Gobierno central, porque dice que no ha desarrollado una normativa que determine, según los ingresos  y las atenciones que requiere, cuánto dinero debe aportar. El Gobierno dice  que en mayo ya dio vía libre a las autonomías para que fijaran su propio criterio.

Ante esta situación, los sindicatos UGT y CC OO, que organizaron ayer unas jornadas sobre la ley, afirman que si la situación no se agiliza se movilizarán.

Ya se han hecho 17.000 peticiones de evaluación (2.469 en Valladolid). El 80%,  de grandes dependientes.

Lo que dicen unos y otros

Amparo Valcarce secret. estado de servicios sociales

«Hemos cumplido, ahora el turno es de las autonomías»

Asegura que el Gobierno ha desarrollado todas las normas que exige la ley, «en un tiempo récord». «Ahora es el turno de las autonomías», aclaró. Respecto a la financiación, explicó que «hay  dinero suficiente» y que  este año se ha incrementado en un 400% la financiación adicional.

César Antón Consejero de familia e igualdad

«Si no regulan nosotros no podemos avanzar»

Afirma que la Junta aporta 313 millones de euros a la Dependencia, el 90,5% del total, mientras que el Estado sólo da el 9,5%. «Falta que se regule la financiación que corresponde a los dependientes. Sin esto no podemos avanzar. Además, debe ser igual en toda España para que no haya desigualdades».

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