Xesús Domínguez, de la plataforma de preferentes, en el Congreso
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El miembro de la coordinadora de plataformas de afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas Xesús Domínguez ha criticado este martes en el Congreso de los Diputados que "la sanción" a los responsables de esta "estafa" fue "simplemente de 2 millones", tras vender Caixa Galicia y Caixanova un total de 1.832 millones en estos productos "tóxicos".

"Sale a cuenta cometer grandes delitos en este país", ha concluido, antes de estimar que Abanca, la nueva entidad surgida tras la compra por Banesco del resultado de la fusión y bancarización de las cajas de ahorro gallegas, "podría quedarse aún con 100 millones de euros a día de hoy entre unos 8.000 afectados, en su mayoría ancianos sin recursos".

Domínguez ha comparecido en la comisión sobre la crisis financiera en una jornada en la que estaba previsto que tras él lo hiciera el representante de CIG-Banca Clodomiro Montero. Este no ha podido llegar a Madrid por las condiciones meteorológicas, por lo que la sesión del próximo 6 de febrero tratará de "encajar" una nueva fecha para su participación.

"POR PARTIDA DOBLE"

En su intervención, Xesús Domínguez, que hace cuatro años compareció en el Parlamento Europeo para denunciar la "estafa" y "abuso" cometido por entidades de crédito en torno a la venta de estos productos financieros, ha denunciado que "los estafados" lo fueron "por partida doble". "Pagamos dos veces: como ciudadanos y por decreto como ahorradores", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que "la historia de las preferentes se convierte en una gran estafa cuando las autoridades que primero permitieron y luego potenciaron, por último determinaron que los ahorradores debían contribuir con quitas". A su juicio, los gobernantes fueron "cómplices necesarios".

Así, ha tenido palabras de reproche por las multas que se impuso a este colectivo por las protestas que protagonizaron durante meses, y también para los supervisores.

De acuerdo con sus datos, aunque "decían en 2012" que los afectados eran 43.000 en Galicia, esta cifra se llegó a triplicar, hasta las 116.000 personas solo para las mencionadas cajas de ahorro.

El arbitraje que más tarde se habilitó para canalizar la devolución de los ahorros también ha sido objetivo de sus críticas, al asegurar que "no fue controlado ni supervisado por instituciones públicas, sino por los propios bancos a través de sus consultoras". "Arbitraje, ultraje", ha resumido.

Por todo ello, ha demandado modificaciones legales para que operaciones como esta, con las que las entidades se capitalizaron "de una forma más barata", no se vuelvan a repetir, y ha clamado un "estafas bancarias y expolios 'nunca máis".

Previamente, al inicio de su discurso, ha recordado la actuación del exfiscal superior de Galicia, Carlos Varela, a favor de los afectados, y también ha apelado a la comisión de las cajas en el Parlamento gallego, que "sigue a día de hoy secuestrada por la mayoría absoluta del PP". "Si esto no es connivencia y complicidad, se le parece mucho", ha aseverado, antes de reprobar que Feijóo no tuvo "ni siquiera la educación de contestar" a sus peticiones de reunión.

GRUPOS

Por parte de los grupos, Yolanda Díaz, de En Marea, ha sido la primera en tomar la palabra, con críticas para "el papel de la Xunta y de Feijóo".

Ignasi Candela, del grupo mixto, ha interrogado a Domínguez sobre "qué le diría" al ministro De Guindos, que comparece en la tarde de este martes en la comisión, si lo tuviera delante.

Del grupo vasco, Idoia Sagastizabal, ha preguntado al representante de las plataformas por qué abogan por una banca pública y si creen que iba a funcionar mejor.

Ester Capella, de ERC, ha hablado de una "operación de fraude masivo" y de una "gran estafa", que supuso "daños morales" y de salud entre los afectados -ha mencionado explícitamente el "tabú de los suicidios"-.

Por su parte, Francisco De la Torre, de Ciudadanos, ha mostrado el compromiso de su grupo por trabajar para que "esta historia de fracaso y estafa no se repita".

La socialista Margarita Pérez, de Lugo, ha opinado que "hay más responsabilidad que la de las entidades", en referencia a los supervisores, y ha recordado que "en Galicia se comercializó el triple de lo que le correspondería por población" de estos productos.

Por último, el ferrolano popular Juan Juncal ha tachado de "interés poco científico" el de "algunos componentes de la comisión", y ha señalado que hubo tiempos en que estas participaciones "funcionaron".

El diputado del PP también ha instado a Xesús Domínguez a "que retire" lo que dijo sobre "altos cargos del PP" que fueron recomendados para el arbitraje. "Si tiene nombres, póngalos sobre la mesa. Yo soy del PP y haciendo esa generalización me ofende", ha sentenciado, además de revelar que tuvo un "familiar afectado" que fue "al juzgado" y "no en ninguna lista corriendo a ninguna oficina".

Juncal ha atribuido "pura demagogia" a Yolanda Díaz, a la que ha acusado de "comunismo puro y duro" y "madurismo" encubierto de "buenismo".

Por último, ha defendido que "el rescate sirvió para poder pagar después las preferentes" y ha recomendado "más sentidiño" al denominar lo ocurrido con estos productos como una estafa. "Se lo admito como una opinión, pero como delito de estafa quien lo tiene que determinar es un juez", ha concluido.

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