Los jóvenes de Cantabria deben destinar en la actualidad el 72,9 por ciento de su salario a la compra de una vivienda libre. Pese a ello, ha mejorado la tasa de emancipación juvenil en la comunidad autónoma, que ha abandonado "los últimos puestos" a nivel nacional, según el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC).

El responsable de Empleo y Vivienda del CJC, Víctor Saúl San Millán, que presentó en rueda de prensa los datos del Observatorio Joven de Vivienda del segundo trimestre de 2007, señaló que la mejora de las condiciones laborales y, más en concreto, el descenso de la contratación temporal, ha sido uno de los "factores decisivos" en la evolución de la emancipación de los jóvenes cántabros.

Acceso a la vivienda

Así, señaló que mientras que en el segundo trimestre de 2006 el 44,2 por ciento de toda la población asalariada de Cantabria tenía suscritos contratos temporales, el alcance de la temporalidad se ha reducido hasta el actual 41,9 por ciento.

Las condiciones de acceso al mercado de la vivienda se "han ido endureciendo"

En cambio, al igual que en el resto de España, las condiciones de acceso al mercado de la vivienda se "han ido endureciendo", según el portavoz del Consejo, ya que en un año el esfuerzo financiero que una persona joven debe asumir para adquirir una vivienda en Cantabria ha aumentado un 12,61 por ciento y ya supone el 72,9 por ciento, porcentaje sólo superado en el País Vasco, Baleares y Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, el CJC considera que deben producirse "cambios estructurales" y tiene que hacerse una reflexión "en profundidad" sobre el modelo de desarrollo urbanístico, poniéndose medidas a corto y largo plazo que hagan hincapié en una nueva concepción de desarrollo y permitan dar respuesta a las necesidades de la población.

Para el Consejo de la Juventud de Cantabria, mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda y aumentar la tasa de emancipación pasa por planificar y constituir suelo público para realizar viviendas protegidas; impulsar una "cultura del alquiler" frente a la alternativa de compra; y favorecer la rehabilitación frente a la demolición, todo ello mediante una mayor coordinación entre todas las administraciones implicadas.

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