Blasco sale del TSJCV tras saber que Fiscalía le pide prisión
Blasco sale del TSJCV tras saber que Fiscalía le pide prisión EUROPA PRESS

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Comunitat estimó el pasado mes de noviembre la queja de Blasco, preso desde junio de 2015, contra el centro penitenciario en el que cumple condena, Picassent, y le otorgó dos permisos de tres días.

El juez adoptó esta decisión al considerar que no existía un riesgo relevante de quebrantamiento ni de comisión de un nuevo delito y porque entendía que la salida no repercutía negativamente en su programa de tratamiento.

Además de la pena ya cumplida, dos años y cuatro meses, el juez también valoró para concederle los permisos el buen comportamiento del recluso, los elementos de apoyo socio-familiar fuera de la cárcel -su mujer es Consuelo Ciscar, exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)- y su edad, 72 años.

Frente a estos permisos, la Fiscalía presentó un recurso y ahora la Audiencia lo ha estimado y ha revocado el auto del juzgado al considerar que hay datos que no aconsejan el disfrute del permiso y alude al tiempo de condena que aún le resta por cumplir, a la gravedad de los hechos por los que está en prisión y a la existencia de otras imputaciones pendientes de decisión judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

BLASCO Y SUS CAUSAS

El exconseller fue condenado a seis años y medio por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la primera pieza del conocido como caso Cooperación. En los dos años y cuatro meses que lleva preso de manera ininterrumpida no había disfrutado de ninguna salida.

Blasco tiene todavía otras causas judiciales pendientes. Se trata de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación sobre las que ya ha concluido la instrucción y se ha dictado un auto de procedimiento abreviado. Junto al exconseller hay otras 20 personas investigadas en estos procedimientos relativos a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y a la construcción de un hospital en Haití.

En concreto, junto a Blasco se encuentran procesados la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán; el exdirector general José María Felip; el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Así mismo, Blasco está investigado por presuntas irregularidades en la contratación por parte de la extinta Conselleria de Inmigración -posteriormente Conselleria de Solidaridad- de servicios informáticos en los que intervino Tauroni por valor de más de un millón de euros.

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