La escuela barcelonesa Vedruna Gràcia ha asegurado a la Generalitat que el profesor en prisión preventiva por tener fotos de menores desnudos  cumplía en 2016 con "los requisitos" de la ley de protección del menor para ejercer como docente, han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Enseñanza.

En 2016 hubo una reforma de la ley de protección del menor que obligaba a acreditar la falta de antecedentes por delitos sexuales para trabajar con menores.

La Conselleria ha asegurado que no ha tenido conocimiento del caso hasta finales de 2017, cuando la escuela, de titularidad privada, lo comunicó al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), en vigencia del protocolo establecido.

La escuela afirmó el jueves en un comunicado que en 2015 activó su protocolo interno de seguimiento tras el "conocimiento indirecto" de una investigación por unos hechos ocurridos en el pasado fuera del ámbito escolar y que implicaban al docente.

Ni en el periodo de seguimiento ni etapas anteriores "se tuvo ningún tipo de denuncia de los padres ni de alumnos sobre comportamientos inadecuados, ni ninguna información o requerimiento por vía judicial o policial", remarcó el centro.

La escuela aseguró que suspendió la relación laboral con el profesor al ser detenido a finales de 2017 e informó a la administración educativa -Consorci d'Educació de Barcelona e Inspección de Educación- como marcan los protocolos vigentes y también a profesores, alumnos y familias de la escuela.

La escuela envió una carta dirigida a todas las familias para informarles con la voluntad de hacerlos partícipes de los hechos y poniéndose a su disposición, y desde ese día no ha recibido "ninguna información o denuncia en relación al profesor detenido de las familias vinculadas a la escuela".

El profesor se encuenta en prisión preventiva por orden judicial después de que los Mossos d'Esquadra le encontraran imágenes de menores desnudos o semidesnudos y que un menor afirmara que le había violado, han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Según la investigación judicial, se trata de unas 700 fotos que corresponden a ocho jóvenes del Agrupament Scout Mas Guinardó y a diez exalumnos de la Escola Vedruna Gràcia.