Las quejas interpuestas contra el Punto de Encuentro Familiar de Aragón por alrededor de media docena de padres usuarios, y que fueron publicadas en este periódico, ya han sido archivadas y una de las denuncias, que llegó a juicio, absolvió al centro de las acusaciones de insultos.

Los jueces envían cada vez a más familias a este punto de encuentro, para que se garanticen las visitas de los padres no custodios a los niños en un espacio neutral y atendidos por trabajadores sociales y psicólogos que supervisen las visitas en todo momento.

Ambas partes se citan con diez minutos de diferencia y el no custodio tiene que quedarse allí otros diez minutos más con el niño para evitar un encuentro con su ex pareja.

Cuando el juez envía allí a una familia, espera que sea una solución momentánea y que al cabo de unos meses puedan realizarse las visitas en su casa con normalidad. Sin embargo, en muchos casos este periodo se alarga porque los conflictos entre los padres no cesan.

«Hay un 10% muy conflictivos y, a veces, también la toman con los trabajadores», explican en el punto.

Este centro fue uno de los pioneros en España, después del de Valladolid, y sobrevive gracias a convenios con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, las diputaciones provinciales y el Inaem.

Los puntos de encuentro no están regularizados, por lo que no hay una normativa que los proteja y asegure la imparcialidad. En el congreso nacional que se celebrará hoy y mañana en Zaragoza se tratará la creación de un decreto que los regularice. En Aragón se espera poder solucionarlo el año que viene.

En busca de una regulación

Hoy y mañana se celebra en Zaragoza el Congreso Nacional de Puntos de Encuentro, que ha superado todas las expectativas y tiene todas sus plazas cubiertas (alrededor de 200). Se tratará la situación de los puntos de encuentro en España, sus relaciones con los juzgados y las distintas experiencias vividas en cada comunidad autónoma. Pretende articularse una normativa común que regule estos centros.