Según la fiscalía, la víctima, en la fecha de los hechos, "padecía una demencia frontal de grado moderado que anulaba o disminuía de manera muy considerable sus capacidades cognitivas y volitivas" circunstancia que junto a su "bajo nivel cultural" fue aprovechada por los acusados para adueñarse de tres fincas propiedad de la víctima.

Por ello solicita una pena de siete años de prisión para cada uno de los tres acusados, el pago de una multa de 15 euros diarios durante 22 meses, y en concepto de responsabilidad civil la declaración de nulidad de todos los contratos y la restitución al patrimonio de la víctima de las fincas de las que presuntamente pretendían apropiarse.

Los hechos se remontan a enero de 2008, cuando una de las acusadas efectuó un préstamo personal a la víctima garantizando la cantidad mediante una hipoteca de 38.798 euros sobre una finca de Dénia propiedad de la afectada, en unas condiciones por las que finalmente el montante final de la deuda acabó ascendiendo 86.131 euros.

Según el Ministerio Público, este contrato lo firmó la acusada "prevaliéndose del deterioro cognitivo" de la víctima, logrando que firmara una hipoteca cambiaria "a sabiendas de que tal deterioro cognitivo le impedía conocer lo que estaba firmando, así como las condiciones y consecuencias de la misma".

Posteriormente, la misma acusada actuó de intermediaria entre la víctima y la empresa de concesión de préstamos y reunificación de deudas American Suisse Credito SL, "a sabiendas de la vulnerabilidad" de la afectada y de que la misma "tenía más acreedores y con ánimo de beneficiarse económicamente", según el escrito de la fiscalía.

De este modo, un representante de la empresa, también investigado en la causa junto con el administrador de la misma, "de común con acuerdo con los otros dos acusados y prevaliéndose igualmente del deterioro cognitivo" de la afectada, el 16 de enero de 2008 firmó con ella otra hipoteca sobre dos fincas de su propiedad.

Dicha hipoteca garantizaba un préstamo de 156.017 euros proveídos mediante dos cheques bancarios, uno de 102.793 euros para cancelar la primera hipoteca y otro de 42.302 en efectivo que "en realidad, nunca recibió", según la fiscalía. Para la constitución de dicha hipoteca la víctima tuvo que aceptar dos letras de cambio, una por 2.017 euros con vencimiento en julio de 2008 y otra por 154.000 con vencimiento en enero de 2009.

Según la fiscalía los acusados eran "plenamente conocedores" de que la afectada "no entendía los términos del contrato ni lo que eran letras de cambio y, sobre todo, que no podría devolver dicha cantidad en tan breve espacio de tiempo". Además, les acusa de fijar "unilateralmente" unas condiciones "abusivas", con unos intereses de demora de tres años al tipo del 29% anual más un 20% para costas y gastos.

ALQUILER Y DEUDA

El relato del Ministerio Público continúa en junio de 2009, cuando el administrador de la empresa de créditos imputado en la causa, "con el fin de adueñarse de las fincas sin tener que esperar a la resolución judicial", llevó a la víctima a Madrid y allí "prevaliéndose, una vez más de su vulnerabilidad intelectual", la hizo suscribir 20 participaciones sociales de la empresa a cambio del pleno dominio de las fincas hipotecadas.

Además, ese mismo día, la fiscalía acusa al mismo procesado de hacer firmar a la afectada otro contrato de alquiler de una de las fincas que acababa de ceder y en la que no residía habitualmente, "obligándole a abonar una renta mensual de 500 euros", así como a firmar un reconocimiento de deuda de 30.000 euros con vencimiento anticipado por impago de una sola cuota "a sabiendas, una vez más" que la víctima "no podría abonar dichas cantidades y lograr así dicho vencimiento anticipado para ejercitar nuevas acciones legales contra su patrimonio", según indica la acusación pública.

Posteriormente la empresa American Suisse Credito SL presentó demanda de ejecución hipotecaria, dictándose sentencia el 31 de mayo de 2010 declarando resuelto el contrato y cuya ejecución se encuentra suspendida de manera cautelar.

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