La Junta resuelve el pago de 654 ayudas al alquiler de 2016 y agiliza la baremación de la convocatoria de 2017

  • La Consejería de Fomento y Vivienda ha resuelto ya el pago en la provincia de Jaén de un total de 654 ayudas al alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad correspondientes al ejercicio 2016, una vez superados los últimos trámites de intervención y fiscalización.

Por municipios, Jaén ha sido la que más beneficiarios del programa Alquila ha obtenido con 298, seguida por Linares (68), Andújar (39), Villanueva del Arzobispo (25) y Úbeda (20). La ayuda media ronda los 1.200 euros y alcanza los 2.000 para las familias más vulnerables.

"Estas ayudas se han adjudicado siguiendo criterios de concurrencia competitiva, en aras de otorgar al proceso la máxima transparencia y garantizar la igualdad de oportunidades entre los solicitantes, lo que ha conllevado también, ante un número elevado de peticiones, un proceso administrativo más largo de los esperado", ha explicado el delegado territorial, Rafael Valdivielso.

A este respecto, el delegado ha indicado que el Gobierno andaluz está haciendo "un gran esfuerzo" por dar una mayor celeridad a la convocatoria de 2017, que sólo en la provincia de Jaén ha recibido un total de 1.194 solicitudes, una vez que el plazo de presentación de las mismas finalizó el pasado verano. "Desde la Delegación territorial se está trabajando para publicar las listas provisionales de solicitudes admitidas en las próximas semanas", ha añadido.

Las ayudas del Alquila en la convocatoria 2017, que podrían beneficiar a en torno a 12.500 familias andaluzas, están dotadas con 15 millones de euros, que se ampliará con un montante adicional de 1,3 millones de recursos autonómicos, para subvencionar el 40 por ciento de la renta de arrendamiento de la vivienda para contratos no superiores a los 500 euros mensuales.

No obstante, la ayuda podrá alcanzar hasta el 80 por ciento

para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social. Los solicitantes tendrán que ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos, referidos al ejercicio 2015.

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