El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no ha admitido la querella contra once altos cargos de la Conselleria de Agricultura, entre ellos la exconsellera, Meritxell Serret, por el doble crimen de Aspa (Lleida) en el que un cazador vecino de Vacarisses (Barcelona) mató a dos agentes rurales el 21 de enero de 2017.

La querella, que no ha sido admitida, fue presentada por las familias de las víctimas y por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), que acusaban a la cúpula de la Conselleria de un doble homicidio imprudente y de otro contra la seguridad de los trabajadores, según el delegado de prevención de riesgos laborales de CC.OO., Manel Vidal.

En el auto de inadmisión de la querella, el TSJC no ve causalidad entre la falta de medidas preventivas y la muerte de los agentes, "ni siquiera probabilidad", según relata Manel Vidal, para quien las decisiones que se tomaron tres días después del doble crimen, por las que los agentes van ahora en grupos de tres y uno de ellos armado, demuestran que era necesaria la protección.

El abogado de los familiares, Pau Simarro, ha explicado que si bien quedó demostrada esta carencia de seguridad el día después del crimen, partiendo de la base que Agricultura reforzó las patrullas de dos a tres miembros, les facilitó chalecos antibalas y una arma larga, ahora el Tribunal ha decidido archivar la querella.

Esto los aboca, según Simarro, a optar por la vía contenciosa-administrativa de hacer una reclamación patrimonial por responsabilidad civil.

El TSJC ha desestimado la tesis que sostenían las familias de los dos agentes rurales muertos en Aspa, David Iglesias y Xavier Ribes, y también el sindicato CCOO, que querían acusar de homicidio imprudente a once cargos del Departamento de Agricultura, por falta de medidas de seguridad en los miembros del cuerpo. A pesar de que el fin de semana después del 21 de enero, cuando tuvo lugar el doble crimen las patrullas de los agentes rurales que hacen los controles de caza ya pasaron de dos a tres, traían chalecos antibalasy uno de ellos una arma larga, el Tribunal no cree que esta falta de medidas de seguridad podría haber evitado el crimen.

Tanto la acusación particular como la acusación popular, formada por el letrado de los familiares y el de CCOO, remarcaron en la querella que las medidas de seguridad que se implantaron después de las muertes de los agentes rurales hacía tiempo que estaban en debate entre el cuerpo pero todavía no se habían adoptado. Precisamente después del caso de Aspa, salieron a la luz numerosas quejas sobre la desprotección de los agentes rurales en los controles de caza con algunos episodios controvertidos con cazadores que no respondían como era debido de cuando se los reclamaban los permisos.

Las familias de los agentes rurales piden hasta 51 años y medio de prisión para Ismael Rodríguez, el autor confeso de los crímenes. Lo hicieron en una vista previa que tuvo lugar el pasado mes de octubre a los juzgados de Lleida.

La Fiscalía no precisó la pena de prisión pero si que le atribuyó dos delitos de asesinato además de atentado a la autoridad y un delito de tenencia ilícita de armas, puesto que no tenía licencia para la escopeta que usó para disparar, que no era suya.

La acusación particular también pide un año de prisión para el propietario de la escopeta homicida, como cooperador necesario del doble crimen. Aquel día, Pau Simarro se mostró convencido que Rodríguez disparó contra los dos agentes con ensañamiento puesto que no hizo un único disparo.