Proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana.
Proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana. EUROPA PRESS/ARCHIVO

Franco ha criticado que "esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural", indicando además que "con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones", ha informado Podemos en una nota.

Ha lamentado que el Gobierno "haga oídos sordos" ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo, así como que "ese dinero no vaya para las necesidades de la provincia que podría servir para poner en funcionamiento los chares o apostar por el ferrocarril público, social y sostenible".

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) al que hace referencia el Defensor del Pueblo "no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones", y ha asegurado encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas que se han registrado en el Congreso para conocer "por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información".

Por su parte Jesús Romero, parlamentario por Huelva de Podemos Andalucía, ha calificado de "irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana".

Romero ha recordado que en 2010 cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y "ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE".

Por ello, Romero ha criticado "la inanición continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana" y ha recalcado que la Junta "sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en el año 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos Andalucía".

En ese mismo año, según ha asegurado Romero, "Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad", a la par que ha advertido de "la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad".

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