Los cuatro grupos municipales, además, han ratificado su confianza en el sistema judicial, han indicado en una nota de prensa conjunta como miembros de Ecociudad.
En el escrito señalan que con esta decisión la Fiscalía pone fin a las acciones iniciadas el pasado 7 de noviembre de 2017 a instancias del voto mayoritario del consejo de administración de Ecociudad en cumplimiento de las obligaciones legales de los consejeros de la sociedad, quienes dieron traslado al Ministerio Fiscal de "la posible comisión de infracciones penales en el seno de la sociedad municipal".
Desde la Fiscalía han argumentado esta decisión de archivar el escrito del asesor jurídico de Ecociudad "por no tener los hechos denunciados relevancia penal".
Prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad son los cinco posibles delitos recogidos en el Código Penal en los que el escrito del asesor jurídico señalaba que el alcalde podría haber incurrido cuando presidía Ecociudad.
También indicaba que se podrían llegar a atribuir al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, y la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, cuando formaban parte del consejo de administración de esta sociedad municipal antes de que dimitieran y la presidencia de Ecociudad recayera en el PP.
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