La propuesta del PP es que se establezcan como máximo 20 días para pruebas diagnósticas, 30 para acudir a consultas externas y 90 para intervenciones quirúrgicas.
De esta forma, ha asegurado, se "garantizará" el derecho a una sanidad "digna y rápida", frente a los "lamentos del consejero que reconoce que está dando un tratamiento indigno a los pacientes de la sanidad castellano-manchega".
Tirado ha asegurado que si cuenta con el respaldo de Podemos y PSOE su intención es que la norma entre en vigor en febrero de 2018.
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