Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, la cifra seguirá aumentando en 2018, puesto que la Junta de Gobierno ha resuelto esta semana la segunda convocatoria de ayudas de proyectos de memoria histórica de 2017.

Un total de 300.000 euros se repartirán en esta segunda tanda entre los ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna, Paterna, Silla, Chera, Ontinyent, La Pobla de Vallbona, Utiel, Alfara de la Baronía, Chelva, Benetússer y dos asociaciones de familiares, los de las víctimas de las fosas 128 y 94 de Paterna.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha hecho balance de su tarea al frente de memoria histórica, y ha explicado que, desde 2016, "la corporación provincial ha destinado 746.000 euros para la exhumación de fosas comunes, la retirada de vestigios franquistas y la instalación de elementos memorialísticos".

En palabras de Pérez Garijo, "este esfuerzo inversor responde al compromiso del gobierno provincial en materia de verdad, justicia y reparación, y contrasta agriamente con el gobierno de España, quien destina cero euros desde el año 2012 al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, haciendo caso omiso de todas las recomendaciones internacionales y mostrando una nula sensibilidad hacia las víctimas de crímenes contra la humanidad, que llenan las cunetas y los cementerios de nuestro país".

Cuatro de los 15 proyectos aprobados en esta nueva convocatoria consistirán en la exhumación e identificación de los restos de las personas desaparecidas violentamente durante la represión franquista.Es el caso de la fosa 112 (con un presupuesto de 89.720 euros) y los nichos 43 y 44 (14.400 euros) del cementerio de Paterna, solicitados por los ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna y Chera, respectivamente.

Así mismo, la institución provincial ha aprobado los proyectos de excavación y exhumación de las fosas 94 (69.220 euros) y 128 (80.780 euros), solicitados por las asociaciones de familiares de las víctimas.

La segunda línea de ayudas ha sido destinada a la instalación de elementos testimoniales "en reconocimiento de edificios, lugares y espacios geográficos vinculados a la memoria histórica". Es el caso de la 'Ruta por la memoria histórica' a Paterna (con una inversión de 3.960 euros), la instalación de un memorial a los fusilados el 15 de diciembre de 1939 en el municipio de Ontinyent (26.610 euros), o la señalización de trincheras de la línea XYZ a Alfara de la Baronía (572 euros), entre otros.

Además, también se ha establecido una partida para la retirada de símbolos y vestigios de la dictadura, como las placas del Instituto Nacional de la Vivienda en Silla (2.519 euros) u otros elementos que no cumplen la Ley de memoria histórica en La Pobla de Vallbona (2.479,87).