Esta petición, según la Diputación, la formula Argota tras recibir una comunicación desde el Ministerio competente en la distribución y control de estos fondos, en la que se puntualiza que a 31 de julio, las entidades participantes en el FSE deberán remitir un informe de ejecución del programa y, en base a ese informe, se podrán disminuir las cuantías inicialmente concedidas.

"Eso significa que, según los plazos que tenemos previstos para la formación a través de Proempleo, a esa fecha no podríamos disponer de las certificaciones oportunas de ejecución, ya que en ese momento la formación de Proempleo estaría en pleno desarrollo de actividades formativas", ha puntualizado la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación.

Argota ha recordado que "el plazo inicialmente previsto para la certificación de las acciones era el 31 de diciembre de 2018, fecha a la que llegaríamos con el programa completado y certificado, pero adelantar esa certificación a mediados del año que viene es cambiar las reglas del juego publicadas y acordadas".

A esta incertidumbre, la representante del gobierno provincial ha añadido que "el Gobierno central, si permanece en su intención de certificar a 31 de julio de 2018, estará a Dios rogando y con el mazo dando, porque de un lado aprieta los plazos y, de otro, caso de incumplir esos plazos, te computa en gasto propio todo el presupuesto del programa, con el consiguiente riesgo de incumplir la Ley de Estabilidad y la regla de gasto que ello supone".

"Por alguna parte tienen que dejarnos respirar. O mantienen el plazo de certificación a 31 de diciembre, para darnos margen y ejecutar Proempleo según lo establecido en BOE, o flexibilizan la regla de gasto y nos permiten incrementar ese gasto y computar estas acciones formativas en gasto propio sin incumplir la Ley de Estabilidad", ha concluido la portavoz.