Según ha detallado en un comunicado este martes, mediante un escrito, el Defensor se ha dirigido al Fiscal al considerar que el Govern "no puede obligar a conocer una lengua que los profesionales no necesitan para su trabajo".

En este sentido, han asegurado que, bajo su punto de vista, la imposición de dicho requisito es un "delito". "Los que trabajan en la sanidad no tienen ninguna obligación de hablar catalán porque en el supuesto de que un turista tuviera que acudir a un hospital o centro

no lo entendería, por tanto es obvio que viola un derecho", han dicho.

Por este motivo, la institución ha requerido su intervención "para evitar confrontaciones innecesarias y una forma dictatorial de imponer a los ciudadanos como si de una dictadura se tratara".