Los diputados de IU Para la Gente Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez han recordado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sacó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, una norma que "regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo".

En este sentido, han agregado que según este Real Decreto obtendrán descuentos del 25 por ciento en su factura quienes estén en condición de "vulnerable" y del 40 por ciento si se considera "vulnerable severa". Así, esta se mide en función de la renta anual con relación al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) junto a otras circunstancias -familias numerosas o familias compuestas por pensionistas-.

Para IU, "la auténtica genialidad del Ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, consiste en que se evitará el corte de suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los Servicios Sociales abonan la factura".

Además, han hecho hincapié en que el impacto presupuestario de esta medida "no prevé coste alguno para el Ministerio". Por otro lado, un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de esta medida prevé la condición de "vulnerabilidad severa" para 900.000 familias.

En este sentido, las eléctricas informarán a sus clientes que acudan a los Servicios Sociales "y si estos abonan el 50 por ciento de la factura no se cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los Servicios Sociales que ya atienden a más de ocho millones de personas al año".

Según ha explicado la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales y que recoge IU Para la Gente en la moción, alguna de las consecuencias es que "un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto -Consejo Territorial de Servicios Sociales-". Por otra parte, han continuado, "no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto".

Otra de las consecuencias es que los PGE de 2017 "no han contemplado el impacto de la medida". Así, el Estado financia de forma finalista los servicios sociales "con unos 100 millones de euros (Plan Concertado)". "Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí", han afirmado.

Asimismo, se prevé que "la condición de vulnerabilidad severa -condición para la suspensión del corte de suministro- se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la "vigilancia" del cambio de circunstancias y su notificación".

En este sentido, la coalición de izquierdas cree que "ni es viable ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto -pendiente de más desarrollo- puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos".

De igual modo, han lamentado que "es muy parcial en su protección" preguntándose si "no podemos cortar la luz pero sí el gas", al tiempo que se discriminan positivamente algunas circunstancias -familias numerosas con independencia de sus ingresos- "mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta".

También otra las consecuencias es que se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido, ya que "si tengo calefacción no eléctrica y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar adquiriré -como sea- calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética, entre otros".

De igual modo, han dicho, "las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la "culpa" de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones".

Por ello, IU para la Gente propone instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean financiados por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. Se trata de que los 300 millones de costo de este proyecto no sean abonados por las administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales.

Asimismo, pide al Ministerio que "se redefina con criterios profesionales y sociales la condición de vulnerabilidad de las familias incluyendo procesos de exclusión no contempladas como las de monoparentalidad o soledad y otras", además de que incluyan en el Bono Social otras energías que también son susceptibles de cortes para los hogares vulnerables como el gas.

Por otro lado, instan a que este Real Decreto sea "discutido y consensuado" en el Consejo Territorial de Servicios Sociales con el fin de que este parta de una visión de cobertura social plena en lugar de una visión puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas y que se envíe moción a las Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias, y al propio Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.