Según informa la federación de izquierdas en una nota, Alba ha indicado que "desde IU, somos conscientes de que hay que defender a la especie, pero no se puede dejar desamparados a los pescadores, por ello es nuestra obligación instar a diferentes administraciones a que no dejen en un callejón sin salida a los pescadores".

Así, en la moción registrada, el diputado provincial solicita al Pleno que inste a la UE a que en las decisiones que se adopten sobre las pesca de sardina, boquerón y jurel se tenga "una especial consideración sobre el impacto económico de las pesquerías en aquellos puertos que tienen en sus poblaciones graves problemas de paro y exclusión social, como es el caso de Barbate".

Asimismo, en lo que respecta al Gobierno central, Alba ha planteado cuestiones como el impulso de "reformas normativas que garanticen unos precios mínimos de venta de los productores pesqueros a los comercializadores", que "se impulse el cumplimiento del pago de las ayudas concedidas y no abonadas al sector pesquero".

El portavoz ha propuesto, además, que "se aborde un marco regulatorio de condiciones de trabajo entre Gobierno y agentes sociales en el que se incluyan medidas para la protección social de los trabajadores del mar ante las circunstancias de las pesquerías".

La moción en defensa del sector pesquero que defenderá Alba abarca además, a la Junta, a la que ha urgido a "abordar una regulación homogénea sobre el control de capturas en lonja, de modo que todos los puertos obedezcan a los mismos criterios y que ese control se realice desde la administración".

El diputado de IU ha alertado, en ese aspecto, sobre cómo repercuten en las plantillas de los buques y sus familias las paradas biológicas y las exigencias de mantenimiento de las especies, de manera que "se ven condenadas a compensar los días de paro de faena o descontando sus prestaciones sociales en el desempleo o directamente, sin estar dados de alta en las embarcaciones, convirtiéndose en una suerte de trabajadores temporales discontinuos, cuando ciertamente son fijos y deben serlo durante toda la relación laboral, puesto que las exigencias derivadas de las pesquerías no deben suponer una desprotección social del trabajador frente a esas coyunturas".

Para Alba, el Estado "debe tomar cartas en el asunto y ser consciente de que en el actual marco laboral, los trabajadores del mar no están siendo suficientemente protegidos".

Por esta razón, ha subrayado que "visto que las empresas no pueden asumir los costes sociales que se derivan de situaciones como paros biológicos o paradas motivadas por inclemencias meteorológicas u otros supuestos similares, lo razonable es que el Estado asuma los costes sociales de estos trabajadores y no los condene a la temporalidad y la precariedad, cuando su actividad no tiene ese carácter".

De igual modo, el portavoz ha incidido en "las reclamaciones de las empresas y la marinería sobre las ayudas públicas concedidas y que nunca llegan o sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio concreto sobre las inspecciones a bordo o sobre los instrumentos de control de la movilidad de los buques como las cajas azules".

"En definitiva, toda una serie de cuestiones que condicionan, y mucho, la actividad pesquera en nuestra provincia y que pueden suponer, especialmente en el caso de Barbate, la propia supervivencia de su principal sector económico", ha concluido.