Tres de cinco los acusados de alijar 3.470 kilos de hachís, que llegaron el pasado 23 de marzo al puerto de Mazagón (Huelva), han reconocido los hechos y han asegurado que participaron en el transbordo de la droga de una lancha semirrígida a otra embarcación en alta mar, a la que llevaron posteriormente al citado puerto ya cargada, mientras que el dueño y patrón -padre e hijo- de esa embarcación han negado su participación y han remarcado que el barco se lo robaron, motivo por el que interpusieron una denuncia.

Durante su intervención, ante el tribunal de la Sección Tercera de Huelva, los tres primeros, un marinero de ese barco, que llevaba un mes trabajando con ellos, y dos vecinos de Villablanca, toxicómanos ambos, han reconocido que en la madrugada de ese día fueron con la embarcación a alta mar, donde trasladaron la droga desde una lancha semirrígida, llevándola a puerto posteriormente, donde los tres fueron detenidos, mientras que los otros dos que iban con ellos, según se pudo visualizar en el vídeo, no fueron localizados. Por este motivo, el Ministerio Fiscal les ha rebajado la pena de cinco años y seis meses de prisión a tres años y diez meses, ha confirmado Europa Press.

Sin embargo, el propietario del barco y su hijo han coincidido en su declaración y han precisado que no tenían conocimiento de esta operación, así como que en esa madrugada no salieron a faenar porque hacía mucho viento y "la mar estaba mala". De igual manera, han asegurado que se enteraron el día 23 sobre las 15,00 horas de lo ocurrido y de que la embarcación estaba requisada y precintada.

Respecto al camión congelador, en el que supuestamente iba a ser transportada la droga, y propiedad de la esposa del dueño del barco, el patrón ha señalado que estaba en el puerto porque el día anterior se había estropeado al llegar de faenar y que "normalmente las puertas del coche estaban abiertas para ventilarlos por el olor a pescado y que tenía las cerraduras rotas". De igual manera, han asegurado que "en el puerto puede entrar cualquiera".

Durante el juicio también ha declarado el jefe de la Unidad de Vigilancia Aduanera que llevó a cabo la intervención, el cual ha ratificado su atestado, y ha asegurado que los tres que han reconocido los hechos "no tienen capacidad, ni medios, para organizar el transporte de esa cantidad de droga" desde Marruecos a la costa onubense.

"Ellos son alijadores, la cadena más baja de la organización y saben a lo que se exponen, a perder su trabajo e incluso su libertad si algo sale mal, pero ellos no responden", ha precisado el funcionario, a la par que ha dejado claro que este alijo "no hubiera sido posible sin la cooperación necesaria del propietario y patrón del barco", indicando además que "cuando son cantidades tan grandes, está todo muy coordinado, nada se deja al azar".

En la lectura de sus informes finales, la fiscal ha considerado acreditado que los cinco acusados son autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tenencia para el tráfico de sustancia que no causa grave daño a la salud y en conducta considerada de extrema gravedad en virtud de la cantidad y por uso de embarcación, así como que "no se podría haber hecho sin la colaboración del dueño y del patrón del barco, ya que no se podría haber transportado la droga", manteniendo la pena de cinco años y medio para ellos y una multa de 11 millones de euros.

SU DEFENSA PIDE LA ABSOLUCIÓN

Sin embargo, el letrado de ambos ha pedido la absolución y la devolución del barco a su dueño al considerar que "no existe ninguna prueba incriminatoria que pueda enervar la presunción de inocencia. No hay ni indicios, sino conjeturas".

De igual manera, ha recriminado que en la investigación no se hayan analizado los teléfonos móviles incautados por si había llamadas a sus clientes, así como que ve "poco probable que quisieran transportar la droga en un vehículo con las cerraduras rotas". A su vez, ha subrayado que en prisión el marinero detenido, que no ha querido responder a sus preguntas, reconoció que "fue reposnable del hurto del barco sin que se enteraran los propietarios", a la par que ha destacado "la máxima colaboración" de sus defendidos.

Los letrados de los otros tres han mostrado conformidad ante la nueva pena solicitada por la fiscal, aunque uno de ellos ha pedido la aplicación de una atenuante ante el problema con las drogas que tienen sus clientes, ambos toxicómanos y en tratamiento en prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia.