El coordinador del Programa Veneno en esta organización, Carlos Cano, ha asegurado que se trata de "una sentencia ejemplarizante por los envenenamientos de fauna y la importancia de luchar contra la lacra del veneno", ya que poner veneno en el campo "no solo supone un atentado contra la biodiversidad, sino que también es un delito que acarrea serias penas de cárcel".
Como acusación particular, WWF solicitará a la Junta de Castilla y León que reclame al condenado el valor por las especies muertas y también que adopte las medidas necesarias de recuperación del daño.
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