El campo español no gana para disgustos. A las heladas de inicio de año y a la pertinaz sequía que ha encogido el volumen de los cultivos, se le ha sumado ahora la política proteccionista de Donald Trump con los cultivos de su país. El Gobierno estadounidense ha fijado un arancel a la aceituna española por supuesta competencia desleal... así que las ensaladas y pizzas de aquel país podrían dejar de llevar olivas made-in-spain.

Estas son las cinco claves del conflicto:

De la denuncia presentada en junio por dos empresas californianas —Bell-Carter Foods y Musco Family Olive— agrupadas bajo la Coalición para el Comercio Justo de la Aceituna. Las dos compañías pidieron a las autoridades de su país la imposición de derechos antidumping y antisubvenciones a la entrada de aceitunas negras de mesa procedentes de España al considerar que están entrado por debajo de los precios de mercado.

El Gobierno de Estados Unidos estimó el pasado 21 de noviembre la petición de ambas e impuso un arancel preliminar por supuesta competencia desleal, que oscila del 2,3% al 7,2% de su precio de entrada. Así, en los próximos días, el importador estadounidense que quiera comprar aceitunas negras españolas deberá pagar ese porcentaje adicional. Y lo hará en metálico, al agente de aduana, en cuanto el producto toque suelo estadounidense.

La Administración de Trump estima que las subvenciones que reciben los aceituneros españoles a través de la Política Agraria Común (PAC) son contrarias al libre comercio y suponen una barrera para que sus productores coloquen sus aceitunas en el mercado. "Estados Unidos valora sus relaciones con España, pero incluso los países amigos deben cumplir las reglas", dice Wilbur Ross, su secretario de Comercio.

Es todo un palo. EE UU es el principal cliente de la aceituna de mesa española: supone el 23,7% de las exportaciones y el año pasado se facturaron allí 32 millones de kilos valorados en 70 millones de euros, así que cualquier reducción de estas venta tendría consecuencias importantes para el sector. "Si todo eso se perdiera de golpe, sería un desastre total", explica a 20minutos Eduardo Martín, secretario general de Asaja-Sevilla.

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) avanza a este medio que varios compradores estadounidenses "ya han empezado a firmar con proveedores de otros países" debido al encarecimiento esperado del producto español. "Es razonable, cualquier arancel extra empeora nuestra situación de competencia respecto a otros productores como Marruecos o Turquía", apunta su secretario general, Antonio de Mora.

Fuente: MAPAMA

El ministerio de Agricultura, en su último diagnóstico sectorial, observaba ya cierta tendencia decreciente en las ventas a EE UU por dos motivos: la competencia de Argentina y, precisamente, la producción propia en California, el estado en el que radican las dos empresas denunciantes.

"Solo han ido contra nuestra aceituna y no contra la griega, por eso creemos que es un procedimiento artificial", apunta Eduardo Martín. "Esas dos empresas piensan que les hacemos pupa porque el producto es bueno y les estamos ganando en cuota de mercado; por eso han decidido denunciarlo, saben que la administración actual de Trump es muy proclive al proteccionismo e iban a encontrar con ellos la tormenta perfecta".

Muy importantes. España es el mayor productor y exportador mundial de aceitunas de mesa, por delante Egipto, Turquía, Marruecos o Grecia. De las 2,5 millones de toneladas producidas de media en el mundo, el 24% (540.000 toneladas) son españolas, según el Consejo Oleícola Internacional (COI). Y suponen además el 70% de toda la producción de la Unión Europea.

Además, de todas las aceitunas de mesa exportadas en el planeta, el 30% (338.000 toneladas por un valor de 700 millones) proceden de España, que las vende a más de 160 países. En los últimos 15 años, las exportaciones españolas han crecido un 70%; el principal mercado es Estados Unidos —con ese citado 23,7% de cuota— y le siguen en la lista de compradores Italia, Alemania, Francia, Arabia Saudí, Rusia, Portugal y Reino Unido.

"Seria desastroso para el sector, esto es un cultivo permanente, los árboles están ahí y si se frena la venta a Estados Unidos se vería afectado el empleo de esta rama del olivar", dicen desde Asaja. Ni esta organización ni la patronal Asemesa cuantifican el impacto en puestos de trabajo, pero recuerdan que la aceituna de mesa genera "mucha mano de obra": más de 8.000 empleos directos y seis millones de jornales cada campaña.

Además se dedican a su entamado 384 empresas, hasta 237 firmas se dedican a envasarlo y su impacto en el PIB español es de unos 1.000 millones de euros. "Los compradores de Estados Unidos van a seguir necesitando nuestras aceitunas sí o sí, porque necesitan abastecerse, pero sí nos consta lo de la pérdida de algunos contratos", advierte Eduardo Martín.

El sur de España, ya de por sí afectado por el desempleo, es el que más acusaría un frenazo exportador en este sector. España cuenta con 147.000 hectáreas de olivar dedicadas a la aceituna de mesa —6% de la superficie olivarera— y se concentra sobre todo en Andalucía (el 84%) y Extremadura (el 14%).  Otras como Aragón, Cataluña o Baleares ofrecen un producción más pequeña.

Algo más profundo. La Unión Europea teme que se esté usando la aceituna española como cabeza de turco para cuestionar y dañar el sistema de ayudas de la PAC que sostiene la agricultura comunitaria.

"Es una amenaza a todos los sectores agroalimentarios y a todos los cultivos de la UE", explica Antonio de Mora, que denuncia "la agresividad y desproporción" con la que se está comportando EE UU. "Esta ayudas no solo las reciben las aceitunas, sino toda la producción agraria comunitaria. Si cualquier país, a la vista de este caso, abriese un proceso de competencia desleal sobre otros cultivos, podría abrirse toda una Caja de Pandora".

Asaja y Asemesa recuerdan que las ayudas de la PAC están permitidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), la organización que fija las reglas del comercio mundial. Son, dicen, ayudas de "caja verde", que no distorsionan al mercado y no están ligadas a la producción por lo que "carecen de fundamento" las acusaciones de dumping con los precios.

"Precisamente el sistema de ayudas se cambió hace diez años para evitar este tipo de denuncias", recuerda de Mora. "Las ayudas son legales, no subvencionan el precio de los productos, ni su exportación, ni se trata de ayudas específicas a la producción".

Este arancel es una medida cautelar, pero podría ser definitivo a mediados de 2018 cuando la Comisión de Comercio Internacional de EE UU decida si los productores españoles están incurriendo (o no) en competencia desleal. "Podrían incluso imponer un arancel más amplio en función de las investigaciones que realicen in-situ sus técnicos", temen desde Asemesa, que alerta de que el sector padece ahora una "gran incertidumbre".

El Gobierno y las autonomías trabajan ya con Bruselas en el informe de alegaciones que va a presentarse en enero. Para algunos, esto no es suficiente. La organización agraria Asaja, por ejemplo, anima a abandonar la "estrategia defensiva" y denunciar a Estados Unidos ante la OMC. "Es el momento de poner las cartas boca arriba: la circunstancia es otra que en verano y requiere contundencia", zanja Martín.