organizado la Diputación Provincial y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público - por la que se transponen al ordenamiento jurídico español varias directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo- entrará en vigor en marzo del próximo año y pretende lograr una mayor transparencia en los procesos de adjudicación y una reducción de las cargas administrativas y las trabas burocráticas. Asimismo, uno de sus objetivos es facilitar el acceso de las pymes y de los autónomos a los procesos de contratación.

El diputado del Congreso José Vicente Marí Bosó; el diputado provincial de Fomento e Infraestructuras, Francisco Javier Oblaré; y el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Emilio López Caparrós, han inaugurado este lunes la citada jornada.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la "importancia" de la nueva normativa, ya que "la contratación pública representa alrededor de 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de España, es decir, unos 200.000 millones de euros anuales".

"Facilitar más transparencia y hacer más ágiles las contrataciones son pilares fundamentales para que las administraciones públicas seamos más abiertas y más eficaces", ha añadido.

El volumen de contrataciones de la Diputación durante el año pasado fue de 23.500 millones de euros. Por procedimiento abierto, se gestionaron más de 15 millones de euros, lo que supone el 65 por ciento de las contrataciones, a los que se unen unos siete millones de euros correspondientes a más de 3.500 contratos menores. A ellos se añaden también algo más de un millón de euros en contratos negociados.

El pago total a proveedores de la Diputación se sitúa en los 47 millones de euros anuales y el promedio de pago se sitúa en los 12 días.

En materia de transparencia de contratos, Salado ha indicado que la Diputación "cumple al 100 por 100 los índices e indicadores que establecen tanto Transparencia Internacional como Índice de Transparencia Dinámico (Dyntra), las dos entidades más importantes que miden los niveles de transparencia de las administraciones públicas".

CONTENIDO DE LA JORNADA

En la jornada, la abogada del Estado y jefa en los Tribunales Centrales de lo Contencioso Administrativo, Belén Plaza, ha abordado los aspectos generales de la nueva ley; y el magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y socio del despacho Martínez Echevarría Abogados, Jorge Muñoz Cortés, ha analizado temas como la revisión de previsión y la liquidación del contrato e indemnización de daños y perjuicios.

Además, la magistrada del Tribunal Supremo Celsa Picó ha informado sobre los criterios de adjudicación, de ejecución y las cláusulas sociales y medioambientales; el abogado del Estado y vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Manuel Renedo se ha centrado en el fraccionamiento de los contratos.

Por último, el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ha hablado sobre la clasificación de los contratistas y el pago del precio por la administración y a los subcontratistas.