La Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), que ha celebrado este jueves una nueva sesión, ha estado marcada por la ausencia del exasesor ferroviario del Ayuntamiento, Carlos Baró, quien se ha acogido a su derecho a no comparecer, pero del que los técnicos que sí que han declarado han apuntado que tenía "más labores ejecutivas" que concejales del Área de Urbanismo como Manuel Sánchez.

En la sesión celebrada este jueves, primera con comparecencias previstas, estaban citadas cinco personas de las que sólo han asistido dos técnicos municipales que han trabajado en la denominada Oficina Ferroviaria del Ayuntamiento, Beatriz Edilla y José Luis Cantalapiedra. Además de Baró, que notificó su ausencia ayer a última hora, tampoco han acudido otro técnico de Urbanismo y el exinterventor Jesús Velázquez, quien ha enviado un escrito a la Comisión en el que se ha puesto a disposición pero ha recalcado que no tuvo "nada que ver" con las gestiones de la operación ferroviaria.

La mayor parte de los portavoces de los grupos han criticado la negativa de Baró a declarar en la comisión e incluso el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha aseverado que después de haber cobrado "500.000 euros" del Ayuntamiento en diez años "habría estado bien devolver a la ciudad lo que le dio". Mientras tanto, el edil 'popular' José Antonio Martínez Bermejo ha apostillado que "las cartas a los Reyes Magos" que hicieron algunos grupos para citar a decenas de personas a la Comisión "se van a quedar en tierra mojada".

Como ha apuntado la presidenta de la Comisión, Charo Chávez, "se ha preguntado mucho" sobre el papel de Carlos Baró, ya que estuvo presente "desde el primer momento" en el proyecto ferroviario y ha quedado claro que era "la persona que lideraba el proyecto" pues estaba presente "en todas las reuniones" relativas al soterramiento. De hecho, según la también portavoz de Sí Se Puede, el asesor era "especialmente de la Presidencia y la Alcaldía", y transmitía a la oficina ferroviaria las intenciones e ideas sobre la operación.

En este sentido, la técnico de Urbanismo Beatriz Edilla, que ha sido la primera compareciente, ha asegurado que "tenía labores ejecutivas más importantes" que el concejal del Área en la época, que principalmente fue Manuel Sánchez, que según han apuntado Edilla y el también técnico José Luis Cantalapiedra, en los últimos años de Gobierno del Partido Popular no asistía a las reuniones semanales de la oficina ferroviaria, ni tampoco lo hacía algún otro concejal.

Cantalapiedra también ha apuntado que Baró actuaba como "interlocutor" entre el Área de Urbanismo y la Sociedad, pero también hacía de enlace con la Junta de Castilla y León, con Adif e incluso con alguna empresa privada. Por todo ello, el portavoz socialista ha aseverado que el asesor tenía "poder omnímodo".

Al ser preguntado sobre posibles "incompatibilidades" de la labor de Carlos Baró en la oficina ferroviaria con su asesoramiento a empresas privadas, el técnico ha añadido que "nadie ponía en duda" su labor y que "no se le ha visto participación en favor de otros intereses", ya que considera que "trabajaba para que prosperase el proyecto".

Cantalapiedra ha repasado, en base a las preguntas de los miembros de la Comisión, el proceso del proyecto ferroviario entre 2002 y 2017, aunque la oficina creada 'ex profeso' en el Ayuntamiento se disolvió en el año 2015, cuando el técnico ha reconocido que "no había volumen de trabajo" como para tener a tres trabajadores dedicados a ella.

El funcionario de Urbanismo ha precisado que ya a partir de 2011 se percibió un "enfriamiento" en las labores relativas al proyecto ferroviario, de lo que ha responsabilizado sobre todo a que el Ministerio de Fomento -entonces con Gobierno del PSOE- paralizó las obras de la variante, introdujo modificaciones en las obras del complejo ferroviario y a la crisis económica, que impidió "arrancar la operación" urbanística.

VARIANTE DE MERCANCÍAS

De hecho, ha asegurado que la decisión de modificar el proyecto inicial de la variante de mercancías, así como la ejecución del túnel del Pinar de Antequera fueron una "exigencia" del Ministerio de Medio Ambiente, que realizó la Declaración de Impacto Ambiental en torno al año 2005. Cantalapiedra ha precisado que no hubo intervención municipal en estas decisiones.

A este respecto, ha calificado de "discutible" la decisión de que la SVAV se hiciera cargo del sobrecoste del soterramiento de las vías en el Pinar de Antequera, pues ha considerado que "si no hubiera habido proyecto de soterramiento, la llegada de la alta velocidad en 2007 habría obligado" ya a realizar ese túnel, que en ese caso habría corrido a cargo del Ministerio de Fomento.

Por ello, el portavoz del PP ha considerado que estas decisiones, que supusieron "un sobrecoste importantísimo para los vallisoletanos" correspondieron a un Gobierno del PSOE y ha añadido que fueron "irrevocables". "Siempre se ubicaba en el Partido Popular pero fue una decisión tomada por el PSOE", ha recalcado.

Finalmente, sobre los últimos dos años del actual Gobierno municipal, Cantalapiedra ha reconocido que no recuerda si a los miembros de la oficina ferroviaria se les comunicó de alguna manera su disolución, pero ha destacado que el actual concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha seguido el trabajo en el proyecto ferroviario.

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos ha advertido de que el edil de Valladolid Toma la Palabra "no debería haber estado en la sesión" e incluso ha aseverado que en la forma de responder de los técnicos "se ha visto cierta coacción" a los técnicos, que dependen del concejal de Urbanismo. Vicente ha concluido, de las declaraciones de este jueves, que el actual equipo de Gobierno "no ha defendido otra cosa que la renuncia total al soterramiento".

La técnico Beatriz Edilla ha explicado que el concejal Manuel Saravia sí que planteó las opciones que ofrecía Adif en febrero de 2017 -soterramiento de dos kilómetros, integración en superficie o disolución de la Sociedad- pero "no mostró su preferencia" por alguna de ellas, simplemente se "valoraron" y finalmente la SVAV tomó la decisión de la integración sin soterramiento.

Por otro lado, la concejal de VTLP María Sánchez ha destacado el detalle de que el exinterventor Jesús Velázquez ha explicado por carta que "no se solicitó a Intervención informe alguno sobre la operación, riesgos, posibles endeudamientos, que no pasaron por intervención".

La próxima reunión de la Comisión se ha retrasado hasta dentro de dos semanas, el jueves 30 de noviembre, y en ella están convocados cuatro comparecientes más. En este sentido, Charo Chávez ha apuntado que "hay que ser realistas" y asumir que habrá políticos que no asistan a la Comisión, por lo que van a intentar saberlo "por adelantado".

La portavoz de Sí Se Puede ha precisado que en este órgano "no se investiga como en un Juzgado" y ha enfatizado que "lo mínimo que podrían hacer" los representantes públicos es comparecer, pues son cargos electos y "deben responder ante la ciudadanía".