El juicio comenzó el 25 de octubre y la sala había previsto una última sesión para el próximo 21 de noviembre, en la que se debían exponer las conclusiones y el caso quedaría visto para sentencia. No obstante, la noticia de que Rachid Behdaoui se encuentra en la cárcel de Her Majesty's Prison Windmill Hill, en Gibraltar, se supo vía fax de Interpol Madrid el pasado 27 de octubre.

A la vista de esta información, el fiscal consideró necesaria la declaración del acusado y además pidió la nulidad del juicio al estimar que se producía indefensión, una petición a la que se adhirió la acusación particular, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Las defensas, por su parte, reclamaron la continuación del procedimiento.

La sala, en la resolución, analiza los derechos en conflicto y destaca que el derecho a un juicio justo incluye la necesidad de disponer y practicar toda la prueba propuesta y admitida, entre la que está la declaración del acusado localizado. Es cierto, según reconoce el tribunal, que con la suspensión se produce una dilación perjudicial para todas las partes pero "en la ponderación de los derechos y bienes jurídicos en balanza, no aparece tan gravosa como el enjuiciamiento cercenado de una porción relevante de información que, prima facie, a cualquiera puede favorecer".

Sin embargo, sostiene que no puede estimarse que se haya producido algún supuesto de nulidad porque no se ha denunciado ninguna indefensión. Desde otra perspectiva, analiza las tres alternativas y concluye que continuar la vista implicaría celebrar dos juicios incompletos; la nulidad resultaría improcedente al no haber causa de una hipotética indefensión y suspender "se descubre como la única posibilidad para poder celebra un juicio pleno".

TRASLADO AL CONFIDENTE

Por ello, acuerda la suspensión durante un mes, en el que se instará al juzgado de Instrucción a que notifique al detenido localizado el auto de apertura de juicio y pida que designe abogado y califique los hechos; a que la secretaría de la sala inste al traslado y presencia en el juicio del confidente "a poder ser dentro del término de suspensión acordado".

En este caso, las autoridades británicas pidieron que si se emitía orden de detención y entrega por parte de España, se entregaría una vez hubiera terminado el caso y el detenido liberado tras cumplir condena.

En este procedimiento hay cuatro acusados: Soler, Rachid, el empresario italiano Ciro d'Anna y el ciudadano magrebí Abdellatif Laarouibi. Soler y los dos empresarios se enfrentan a una pena de nueve meses de prisión por un supuesto delito de detención ilegal, tal y como reclama el ministerio fiscal.

La Fiscalía sostiene que los tres acordaron secuestrar a Soriano en marzo de 2014 para que saldase su deuda con Soler y para ello contaron con Rachid Behdaoui, confidente de la Policía y antes huido de la justicia. La idea era introducirlo en una furgoneta y trasladarlo a una planta baja de Alfafar para luego llevárselo al extranjero. Behdaoui contó a la Policía los hechos y, tras unos seguimientos y grabaciones, se registraron detenciones.

Soler negó durante el juicio que tuviera intención de secuestrar a Soriano, quien le debía dinero, y apuntó al confidente de la Policía como el ideólogo y chantajista. "Dije que sí para salir de allí", se defendió en relación con una grabación que le hizo el confidente en la que supuestamente estaría planificando el secuestro.

Por su parte, Soriano narró al tribunal cómo se enteró de su supuesto intento de secuestro en marzo de 2014 y cómo se sintió: "Pasé muy malos días. He pasado por una situación que ni a mi peor enemigo se la deseo. Me dijeron que Juan Bautista Soler había ordenado secuestrarme y al principio también pensaban en mi esposa".