La finalidad de las mismas es subvencionar a los municipios para que éstos gestionen las ayudas a conceder a los ciudadanos que, por carencia o insuficiencia de ingresos, no puedan hacer frente al pago de suministros mínimos vitales, entendiendo por tales la energía eléctrica, el agua potable, el gas natural y el gas butano.

La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de algunas de las novedades que incorpora esta nueva convocatoria, entre las que se encuentra la elevación del límite de ingresos o rentas para poder acceder a estas ayudas del 75 por ciento al 80 por ciento del IPREM, referido a 14 pagas.

Además, se excluyen del cómputo ingresos las prestaciones por dependencia, la prestación familiar por hijo a cargo y otras ayudas finalistas por similitud como la Renta Básica de Inserción.

Por otra parte, se eliminan los límites al consumo y se abona la totalidad de la factura directamente a las compañías distribuidoras, añadiéndose como gasto susceptible de ayuda el alta o reconexión en caso de suspensión del suministro por impago.

Por lo que respecta a la cuantía de las ayudas, ésta se determinará en función de los ingresos de la unidad familiar y del número de miembros de la unidad de convivencia, con límites de entre 600 euros (para unidades de hasta dos miembros) y de 800 euros (para cinco o más miembros).

En relación con estas ayudas, que tienen convocatoria abierta durante todo el año, Gil Rosiña ha remarcado el "compromiso" y el "empeño" de la Junta por luchar contra la exclusión social y la pobreza de cara a establecer un "muro de contención" de los efectos de la crisis.