La imposición de la Medalla ha tenido lugar en la última jornada del Congreso nacional celebrado en Granada por los profesionales españoles e iberoamericanos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según se informa en una nota de prensa.

La reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015 en relación con la responsabilidad penal que pueden adquirir las empresas por vulneraciones de la normativa por parte de sus directivos y mandos ha puesto el foco de los consejos de administración sobre las llamadas políticas de 'compliance', es decir, sobre el diseño y puesta en marcha de procedimientos corporativos orientados a lograr que una empresa -directivos y empleados incluidos-, conozca y cumpla el marco regulatorio que le resulta de aplicación, así como las propias normas y reglamentos internos que van "más allá de las obligaciones legales pero que forman parte de su cultura corporativa".

En el ámbito laboral, la figura del 'compliance' va orientada al "estricto cumplimiento de toda la legislación laboral y normativa interna relacionada con reclutamiento, traslados, retribución, modificaciones contractuales, conciliación y, de forma destacada, prevención de riesgos, no sólo físicos, sino psicosociales y emocionales".

Según ha puesto de manifiesto este viernes Francisco José Fernández, la vinculación entre las políticas de 'compliance' y las de prevención de riesgo va "mucho más allá de estas áreas compartidas para converger en el territorio de la reputación y la creación de un buen clima de trabajo".

"Al definir los procesos adecuados en cada puesto de trabajo y crear una cultura de seguridad y cumplimiento, donde todo el mundo sabe hasta dónde llega su autonomía y cuáles son los límites que no pueden ser rebasados, se establece un buen clima laboral que a su vez redunda en la reputación interna de la organización", ha argumentado Fernández Romero.

Ha añadido que "el 'compliance' es, por definirlo en una palabra, una cultura: la cultura del cumplimiento, que no sólo genera seguridad jurídica, sino que además hace mejor a las empresas", y ha defendido que el 'compliance' "perfecciona los procedimientos y procesos internos, incluyendo de forma destacada los de seguridad y salud en el trabajo, mejora el clima de trabajo con unos procesos y unas reglas más transparentes para todos, y robustece la cultura corporativa y la reputación".

Aunque agitada por necesidades de protección jurídica, el 'compliance', según Fernández Romero, es rentable, y ayuda a ganar más dinero las empresas, "entre otras razones porque las normativas están cambiando a nivel europeo para premiar a las empresas que cumplen y para que se vaya desechando esa vieja noción de que saltarse la norma sale barato".

Asimismo, según este profesor, "vivimos en una economía de la reputación que castiga a las empresas que incumplen y que creen que es posible hacer buenos negocios prescindiendo de obligaciones y principios, y desconociendo e ignorando las leyes".

En particular, para Fernández Romero, la rentabilidad empresarial va a estar cada vez más ligada en el futuro al bienestar y a la felicidad de los trabajadores, y, por consiguiente, "a la creación de procedimientos corporativos que blinden este bienestar y felicidad, impidiendo la discrecionalidad y creando un marco común de confianza

donde todos puedan sentirse seguros y al amparo de las mismas normas y protecciones, con independencia del departamento o área geográfica en que se trabaje".

El abogado sevillano, con una dilatada experiencia profesional, define el 'compliance' como un "gran patrocinador de la ética empresarial", de forma coincidente a la visión que los abogados de empresa proyectaron en el II Congreso Internacional de Compliance.

FUNCIÓN DE 'COMPLIANCE'

El cumplimiento directivos es el tema es un tema que preocupa cada vez más a las empresas. Así, según un estudio de Deloitte, el 78 por ciento de las empresas de más de 5.000 empleados cuentan con una función de compliance, aunque este porcentaje se reduce al 38 por ciento en las empresas de menos de 5.000 empleados.

En Andalucía, no obstante, el 'compliance officer' es una figura muy poco desarrollada, según ha puesto de manifiesto Fernández, quien ha afirmado que "las políticas de 'compliance' tienen aún poco desarrollo" en la comunidad autónoma y "las pymes las desconocen casi completamente".

Fernández Romero, que en la actualidad está realizando varios procesos de implantación de 'compliance' para importantes organizaciones -Grupo AURA, SAMU y Fundación Cuidar y Curar, entre otras- piensa que este retraso, si no se soluciona, lastrará la posibilidad de las empresas andaluzas de competir en grandes contratos tanto de licitadores públicos como privados, que premiarán, si no exigirán, rigurosos procedimientos de cumplimiento.

"La modernización que necesita Andalucía es también jurídica y afecta a cuestiones como el 'compliance' o la compra pública innovadora, donde nuestro subdesarrollo es manifiesto", ha afirmado en ese sentido Fernández Romero.

TRAYECTORIA

Francisco J. Fernández Romero es doctor en Derecho y abogado en ejercicio. Actualmente es profesor de Derecho Civil y coordinador de los módulos de Práctica Civil y Jurisdicción civil en el Máster de Abogacía y de Asesoría Jurídica de Empresa en la Universidad Loyola Andalucía (Unijes).

Es además director general del Grupo Consea, dedicado al asesoramiento integral de proyectos de inversión y colaboración público-privada en sectores como la sanidad, tecnología, innovación e infraestructuras. Forma parte de diversos consejos de administrador como asesor legal, así como director de Cumplimiento (Compliance Officer).

En el pasado fue director jurídico corporativo de Ayesa, director del despacho de abogados KPMG en Andalucía y Extremadura, así como jefe de equipo del Departamento de Derecho Público y Urbanismo de Garrigues & Andersen. También fue jefe de Contratación de Giasa y Ferrocarriles Andaluces (hoy Agencia de Obra Pública).

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido con otros premios nacionales e internacionales. Así, en 2004 recibió el Premio nacional La Ley otorgado por el Colegio de Abogados de Sevilla y la Editorial La Ley por sus aportaciones investigadoras en Derecho.

En 2014 recibió el Premio europeo Fórum Europa por su trayectoria empresarial, y en 2015 el Premio al Mérito profesional por sus aportaciones investigadoras en el sector de los servicios sociales, otorgado por la Federación andaluza de Empresas de atención a la Dependencia y la Junta de Andalucía.

El último reconocimiento (2016), ha sido la Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgado por el Consejo de Relaciones Industriales del Ministerio de Trabajo, que le fue entregada por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla.

Pertenece a diversos foros de prestigio como el Foro Universidad-Empresa, Fundación Cuidar y Curar y forma parte de varias Comisiones ejecutivas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en concreto, la de Sanidad e Innovación.

Cuenta, además, con numerosas publicaciones -en concreto, seis libros monográficos- sobre contrato de obra, colaboración público-privada, contrato de 'Project Management' y Reputación.