En todos los casos, estos expedientes de la Subdelegación del Gobierno parten de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento", donde los activistas del citado colectivo laboral "ocuparon y se sentaron en la escalera principal (del interior del edificio) impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas", según estos expedientes recogidos por Europa Press.

"El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abundan los expedientes, según los cuales estas personas fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".

Dado el caso, los expedientes señalan una "infracción administrativa" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos. Tales expedientes se dirigen contra ocho de los citados trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por Lipasam; los dos concejales de IU en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas y Eva Oliva; el coordinador local de la coalición, Ismael Sánchez; y los ediles de Participa Susana Serrano y Julián Moreno.

PLAZO DE ALEGACIONES

Los procedimientos habilitaban un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, serían resueltos directamente con sanciones de 601 euros en el caso de los extrabajadores de Lipasam, a quienes se les achaca una infracción "grave" de la citada ley, y de cien euros en el caso de los ediles que les apoyaban por una infracción de carácter leve.

En el caso de los dos concejales de Participa Sevilla afectados por estos expedientes sancionadores, Susana Serrano y Julián Moreno,

ya han formulado alegaciones frente a la Subdelegación del Gobierno. En sus alegaciones, los ediles sostienen que cuando los agentes de la Policía Local requirieron a los extrabajadores de Lipasam que depusiesen su protesta sorpresa dentro del Ayuntamiento, se acordó volver a acoger a estas personas en las dependencias de Participa e IU, ubicadas dentro del edificio.

DESALOJO "VIOLENTO"

Respecto a la actuación policial, es decir el controvertido desalojo de los extrabajadores y los concejales y miembros de Participa e IU que les respaldaban, estas alegaciones critican la "violenta y desproporcionada" medida, que supuso una "vulneración del derecho de participación política" que asiste a los ediles y "una situación peligrosa, con personas quejándose de asfixia, cayendo al suelo y siendo arrolladas y empujadas. Recuerdan las alegaciones que algunas de las personas desalojadas sufrieron "lesiones", entre ellas la propia Susana Serrano, que "tuvo que asistir al hospital, donde le recomendaron el uso de un collarín en los siguientes días".

Además, estos concejales alegan que en ningún momento "increparon, ni faltaron el respeto a los agentes que estaban interviniendo".

Igualmente, Participa recuerda que todavía no ha podido acceder a las grabaciones de las cámaras del Ayuntamiento. "¿Por qué han pasado más de cuatro meses y no nos han permitido el acceso? ¿Qué quieren ocultar?", se ha preguntado Susana Serrano, que ha responsabilizado de todo lo ocurrido al concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera (PSOE).

"Cabrera y los funcionarios de Policía Local que ejecutaron su orden, con completo conocimiento de la injusticia e ilegalidad de su acción y con el fin de cercenar y obstaculizar en lo posible a los grupos de oposición, impidieron o coartaron el acceso a los asuntos municipales. Fue auténtico atropello democrático", critica Participa.