Prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad son los cinco posibles delitos recogidos en el Código Penal en los que el alcalde podría haber incurrido cuando presidía Ecociudad, y que también se podrían llegar a atribuir al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, y a la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, cuando formaban parte del consejo de administración de esta sociedad municipal, antes de que dimitieran y la presidencia de Ecociudad recayera en el PP.

Este informe surge tras la comisión de investigación de Ecociudad creada a raíz de que varios miembros del equipo de equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) realizaran una visita a la planta de tratamiento de aguas y fangos de La Almozara, que gestiona la empresa Drace por una posible irregularidad en unas obras de mejora por 220.000 euros, que posteriormente motivó que el alcalde acudiera a la Fiscalía y que el caso finalmente se archivara judicialmente.

En rueda de prensa, la concejal del PP, María Navarro, ha recordado que su grupo criticó reiteradamente la visita del alcalde a la Fiscalía, al considerar que actuaba entonces "como juez y parte" y el archivo de su denuncia propició la comisión de investigación en Ecociudad que terminó con la votación de unas conclusiones en las que, con el apoyo de PP, PSOE, CHA y Cs, se solicitó un informe al letrado del servicio para determinar si el alcalde y los concejales de ZEC podían haber incurrido en algún tipo de delito en su actuación en esta sociedad.

"El informe dice cosas de extrema gravedad", indicando que el alcalde podría haber incurrido en "hasta cinco delitos y el único delito que no se le imputa es el societario", que también se mencionaba en las conclusiones de la comisión de investigación de Ecociudad, ha apuntado Navarro.

"Ojalá no hubiésemos llegado hasta aquí", ha lamentado la concejal, al aseverar que, tras estudiar este documento, el PP tiene "la obligación" de llevarlo a la Fiscalía y, por ello, propone que se vote este viernes en el Consejo de Administración de la sociedad municipal.

Ha avanzado, asimismo, que están estudiando "otras posibles acciones penales", aunque no ha querido explicar qué otras medidas podrían adoptar, al afirmar que en este caso hay que actuar "con firmeza" y ha recordado que si los miembros del Consejo de Administración no ponen estos hechos en conocimiento de la Fiscalía "estaríamos incurriendo en un delito", por lo que "no podemos hacer otra cosa ni mirar hacia otro lado", ha sentenciado Navarro.