Ha defendido la enmienda a la totalidad el diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, quien ha considerado que "lo fundamental" de este proyecto de ley no es la ciudad de Zaragoza, sino las relaciones entre PSOE y Podemos, añadiendo que lo importante, en el texto articulado, solo es "la casilla del dinero" que el Ejecutivo regional transferirá al Ayuntamiento, este año ocho millones de euros si se aprueba durante este periodo de sesiones.

Ha recordado que el Gobierno de Aragón PP-PAR impulsó un texto legislativo sobre esta materia, pero el actual presidente, Javier Lambán, entonces líder de la oposición parlamentaria lo "dinamitó" por "un interés electoral" y no llegó a tramitarse.

El diputado del PP ha abundado al afirmar que este proyecto de ley es "la palanca" para asentar a sus promotores "en el sillón" del Pignatelli, las Cortes y el Ayuntamiento, de forma que es "simple y llanamente una moneda de cambio" que se concreta en "un texto de claudicación" por parte del alcalde, Pedro Santisteve, siendo "infinitamente peor" que el texto propuesto durante la pasada legislatura, que preveía una financiación de 16 millones en 2018 hasta alcanzar los 20 en 2020.

A juicio de Lafuente, "han engañado" al alcalde con un texto "oscurantista" en cuya elaboración los grupos municipales han sido "anulados completamente" y no ha habido un proceso de participación. Los populares "creemos en el debate de verdad, en el diálogo", ha apuntado.

Ha continuado afirmando que el proyecto de ley es "tremendamente restrictivo con el Ayuntamiento" y ha lamentado que la coordinación institucional "brilla por su ausencia", así como la ordenación del territorio, el urbanismo, la salud pública y los servicios sociales. También se ha quejado de que la Comisión de Bilateralidad, de nueva creación, se convertiría en una "cámara de segunda vuelta".

MÁXIMO CONSENSO

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha considerado crucial regular esta materia "con el máximo consenso y apoyo" al ser un "asunto complicado", recordando que el PAR ya presentó un texto articulado en 2011 que no llegó a tramitarse, aunque solo tuvo la oposición de IU.

Ha negado que se esté produciendo una dilación intencionada -por parte del PP-, mencionando la lentitud en la aprobación de otras leyes, como las de emergencia social, y ha aseverado que el Gobierno de Aragón cuenta con los ocho millones de euros comprometidos para este año al haber condicionado en los presupuestos la transferencia al ayuntamiento a la aprobación, este año, de la ley. Por otra parte, ha considerado que la Diputación Provincial "tendría que implicarse" más en la financiación del Ayuntamiento.

RÉDITOS SOCIALES

Ha defendido el proyecto de ley el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien ha resaltado que en su elaboración han participado varios Departamentos, hasta 14 jefes de Servicio de la Administración General de la Comunidad autónoma, en una Mesa Técnica, subrayando que el texto ha sido consensuado.

"No es bueno que ambas instituciones vivan de espaldas" porque "el bloqueo no beneficia a nadie" y es más deseable "la colaboración, el entendimiento" para obtener mejores "réditos sociales".

El objetivo del Gobierno regional es aprobar la ley "cuanto antes mejor" y "sortear las diferencias poniendo en valor los espacios de consenso y acuerdo", observando que las diferencias más importantes han girado sobre la financiación. Ha subrayado que el texto huye del concepto de capitalidad "como un coste con derecho a compensación o indemnización".

"Se potencia una visión de Zaragoza integrada con el resto de la Comunidad" para que aporte "su capacidad de arrastre al resto de la Comunidad" y vea reconocida su "singularidad". De esta forma, la Ley de Capitalidad "va a ser una herramienta potente y útil para

el conjunto de la sociedad aragonesa", ha dicho Guillén, aludiendo a los preceptos relativos a la Comisión de Bilateralidad y la cooperación con la DPZ.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa ha recalcado que este es un proyecto de ley "legítimo" y que la anterior presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, "no consiguió traer un texto normativo a esta cámara". El texto responde a un proceso de diálogo entre ambas instituciones, no es "una inventiva que sale por esporas en el Alto Aragón", ha continuado Villagasa, rechazando las "zancadillas" del PP al Ejecutivo.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha criticado la "falta de escrúpulos" del PP por su intención de "amargar la vida" a las instituciones que la formación morada ha logrado gobernar, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, lamentando las "estrategias" del portavoz municipal del PP, Jorge Azcón. Les ha atribuido la intención de "retrasar la tramitación 'in aeternum" con "zancadillas".

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha dejado claro que la Ley de Capitalidad "no nos gusta", pero tampoco la enmienda a la totalidad del PP. Ha dicho que Gobierno y Ayuntamiento han negociado "con nocturnidad y alevosía, incluso pasteleando", tras lo que ha asegurado que los impulsores del acuerdo "han dejado fuera de ese consenso a una parte importante de los representantes de los zaragozanos" con un proyecto "escaso de miras".

La diputada de IU, Patricia Luquin ha afirmado que el PP tiene "una pataleta" y ha subrayado que hasta ahora nadie había sido capaz de elaborar un texto y registrarlo, poniendo "muy en valor" el proyecto de ley, que ha tildado de "integrador".