"Constatamos el fracaso de los controles administrativo y penal en la lucha contra la corrupción ligada al urbanismo". Así de contundente se muestra el último comunicado del Grupo de Estudios de Política Criminal, un grupo de profesores, jueces y expertos criminalistas que se se autodefine como "progresista" y que basa su nueva protesta en un endurecimiento de las medidas y penas contra la corrupción.

El documento presentado por este grupo de expertos señala directamente a los poderes públicos como responsables de que esta situación no haya mejorado en los últimos años, algo esencial para "la calidad de vida de los ciudadanos".

El Grupo de Estudios de Política Criminal se felicita por la aprobación de la Ley del Suelo, pero pide que "la Administración no vacile en la aplicación de medidas de carácter extraordinario", disolución de corporaciones locales incluida.

Pero, sobre todo, ponen el acento en la creación de "sanciones realmente efectivas para disuadir a los responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones". Además, consideran que "tampoco resulta conveniente" prescindir de la pena de prisión.