El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presentado en el Parlamento gallego los presupuestos de su departamento para 2018, que se incrementan en un 7,34 por ciento y que, en lo concreto, reservan 1,7 millones de euros para homologar la prestación de los servicios de consorcios y comercializar los parquees de bomberos de las grandes ciudades. De hecho, para este martes ha citado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a las diputaciones provinciales, a las que, a través de los grupos de la oposición, ha pedido "mojarse".

Los tres ejes principales de las cuentas de la Vicepresidencia de la Xunta son la justicia, la cooperación al desarrollo y las emergencias, ámbito este último en el que se ha centrado buena parte del debate parlamentario, a propósito de la situación de ola de incendios de mediados del mes octubre con más de 35.000 hectáreas quemadas en un fin de semana y cuatro personas fallecidas.

Durante su intervención parlamentaria, Alfonso Rueda ha destacado algunos de los avances de los últimos años en materia de emergencias, pasando de siete parques de bomberos en 1999 a un total de 30 en la actualidad, con cuatro consorcios provinciales, 24 GES y más de 200 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

En este escenario, ha manifestado que es "fundamental" la reunión que tendrá lugar este martes para desarrollar una nueva planificación de emergencias y para conocer "lo qué quieren hacer todos". De esta manera, ha pedido "mojarse" en esta materia, también con presupuestos.

El vicepresidente de la Xunta ha reclamado "un poco de responsabilidad" y ha asegurado que este martes se puede "dar un paso importante". "Ahora vengan con los deberes hechos a la hora de comprometer dinero", ha aseverado el dirigente político, quien ha censurado que en las enmiendas a los presupuestos de 2017, ninguno de los grupos de la oposición se había fijado en esta cuestión en sus enmiendas.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el debate, Paula Prado, ha esperado que las diputaciones "asuman sus competencias en emergencias", especialmente, las gobernadas por los socialistas con apoyo del BNG. "Ni un euro (en la Diputación de Pontevedra); lo que vale para uno, no para otro", ha lamentado.

"TRAMAS INCENDIARIAS"

Previamente, los grupos de la oposición habían censurado la actuación de la Xunta en la ola de incendios, cuestión que vincularon con el funcionamiento de la Central de Atención ás Emergencias (CAE) 112, que depende de la Vicepresidencia y que se "colapsó" las horas de máxima intensidad de los fuegos forestales.

Por parte de En Marea, su portavoz, Luís Villares, ha acusado al Gobierno de haber "renunciado a gestionar la catástrofe para gestionar la manipulación" informativa a través de los "medios públicos" y ha censurado que se hable

"sólo de un problema de orden público".

Además, echó en cara que "no se movilizaron todos los efectivos" y "no se actuaron con protocolos de actuación". "¿Cuándo piensa incorporar el mando único?", ha preguntado Villares, quien ha dicho que si quieren hablar de "terrorismo" incendiario tienen que presentar una reforma del código penal.

"Deben analizar el dispositivo y garantizar el mando único", había dicho, previamente también, el diputado socialista Juan Díaz Villoslada, quien ha recordado el "grave acontecimiento sufrido" por Galicia durante la ola de incendios. Además, ha denunciado que la actuación fue "un desastre"

Luís Bará, a cargo del BNG, ha advertido de que "no se puede dar una respuesta simple" a un tema "complejo" y ha denunciado "fallos operativos en la planificación informativa" y "descoordinación" de las emergencias.

Ante las menciones de que los dos únicos detenidos eran un hombre y una mujer a los que se les atribuye la pérdida de control sobre el fuego, Rueda ha prevenido sobre minimizar estos casos y ha defendido que la Xunta no ha hablado de "tramas incendiarias", sino que es la Fiscalía la que está investigando si las hay o no.

INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Otro de los aspectos que ha destacado Rueda en su intervención son las infraestructuras judiciales. El próximo año Galicia contará con cuatro nuevos juzgados, que contarán con la dotación que le corresponda de la Xunta, que a su vez está dispuesta a asumir nuevas unidades y ponerlas en marcha si el Ministerio de Justicia decide crearlas.

Para el año que viene, está previsto que se consoliden un total de 36 plazas de refuerzo que se han cubierto por interinos y se consignan 200.000 euros más para justicia gratuita, que se suman al millón de euros presupuestados en el año anterior.

Sobre los edificios judiciales, ha destacado la inversión en Pontevedra y Vigo, así como los 2,1 millones de euros para concentrar todas las dotaciones existentes en Tui, una cuestión que ha sido censurada por el portavoz de En Marea. "¿Esto es lo que hacen con el dinero público?", le ha espetado, al vincular esta inversión con la moción de censura en el ayuntamiento y con el hecho de que Rueda presida el PP provincial de Pontevedra.

El vicepresidente de la Xunta, que ha defendido que incluso el alcalde de la capital (del BNG) ha celebrado los presupuestos autonómico al respecto de la ciudad, ha lamentado la intervención de Villares y le ha recordado que esta inversión estaba prevista con anticipación a la moción de censura.

COOPERACIÓN E IGUALDAD

En cooperación al desarrollo, la partida se incrementa en un 11,4 por ciento hasta los cinco millones de euros. En este sentido, Rueda ha dicho que se profundizará en la acción con Portugal y se potenciará la Fundación Galicia Europa.

En materia de igualdad, se apoyarán las políticas de los ayuntamientos con 3,3 millones de euros, contribuyendo a mantener la red de 82 Centros de Información á Muller (CIM), que dan servicio a 200 municipios. Además, habrá 1,3 millones para políticas de conciliación y apoyo presupuestario para el asociacionismo femenino y para movimiento asociativo LGTBI.

En cuanto a violencia de género, las medidas específicas contarán con un presupuesto global de 5,4 millones de euros, en que se duplica la partida destinada a atención psicológica para las víctimas.

"Otro ejemplo que se resuelve con medidas parciales", ha manifestado Bará, en su intervención, en la que ha acusado a la Xunta de poner "el piloto automático". "No aprobaron el 155, pero en la práctica nos gobiernan desde Madrid, como en el caso escandaloso de la AP-9", ha reprochado.

El diputado Díaz Villoslada ha reclamado una Ley de igualdad salarial, puesto que "no es admisible" que una mujer, por ejemplo, cobre 6.000 euros menos al año por realizar el mismo trabajo que un hombre. Al socialista, la popular Paula Prado ha reprochado que su partido haya "cerrado" el CIM de Ponte Caldelas.

Durante el debate parlamentario, la oposición también ha criticado la falta de acogida de personas refugiadas pese al compromiso de recibir a este colectivo.