El punto ha sido aprobado con el voto a favor de Zaragoza en Común, PSOE, Ciudadanos y Chunta Aragonesista y en contra del PP, a quien la vicealcaldesa Luisa Broto ha recordado que este servicio no solo se presta a personas mayores en situación de dependencia, sino "también a menores con discapacidad", agradeciendo al resto de grupos su "ejercicio de responsabilidad" porque con esta decisión "la ciudad saldrá beneficiada".

Broto ha apuntado que la competencia es del Gobierno de Aragón pero se promueve esta encomienda de gestión en "un ejercicio de responsabilidad, porque el ayuntamiento tenía que dar un paso adelante ante una posible externalización por parte del Ejecutivo aragonés".

El acuerdo se inició en mayo de 2016 pero hubo problemas de financiación y de gestión, por lo que ahora "se aprueba esta addenda de modificación del convenio, que aumenta en 950.000 euros" la cuantía total "y que redunda en la buena atención de las personas dependientes de la ciudad", de modo que ha remarcado que este acuerdo "es motivo de felicitación porque daremos una mejor calidad en el servicio".

La concejal del PSOE, Lola Campos, ha indicado que es "un impulso más a la Ley de Dependencia y las políticas sociales" y ha resaltado el marco de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que ha permitido "incrementar más del doble" la cuantía que se dedica a medidas sociales, que ha cifrado en más de diez millones de euros.

La concejal de Cs, Cristina García, ha advertido de que una encomienda de gestión "no tiene nada que ver con asumir una competencia impropia"

y ha indicado que si es para mejorar el servicio "nosotros nunca nos vamos a oponer". "Es importante que un servicio tan esencial sea prestado de la mejor manera posible"

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha apoyado la ampliación de la addenda porque "ya se hizo en mayo de 2016" cuando se impulsó este convenio entre ambas administraciones y que se hace con el objetivo fundamental de "atender a las miles de personas en situación de dependencia y a sus familias".

COSTE REAL

La concejal del PP, Reyes Campillo, ha criticado que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales "no reconozca el valor real de este servicio", si bien ha estimado que debería ser "una delegación de competencias" en el consistorio, en lugar de una encomienda de gestión, porque "así se financiaría bien el servicio".

"Pagamos a la empresa hoy a 20 euros y el Gobierno de Aragón nos la paga a 17, en una competencia que no es nuestra", ha aseverado Campillo, para opinar que el Ejecutivo autonómico "nos acaba de meter un gol tremendo, porque estamos financiando lo que el Gobierno debería de pagar".

"Estamos de acuerdo en atender a los dependientes, pero al precio al que cuesta el servicio y por responsabilidad seguiremos votando que no hasta que no se cobre -al Ejecutivo aragonés- el coste real", ha sentenciado la concejal del PP.