La conductora, que permanecía detenida en la Comisaría de la Policía Nacional desde el mismo día que ocurrieron los hechos, ha sido acusada de un delito de lesiones por imprudencia grave y conducción temeraria, para el que se prevé una pena de tres años de prisión.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han informado que la juez ha dejado en libertad a la investigada al no existir acusación que haya pedido la prisión y comparte los argumentos del fiscal. En cualquier caso, sí se ha acordado la medida cautelar de retirada inmediata del permiso de conducción, que la investigada ya ha entregado en el juzgado.

La solicitud del fiscal se basa en la no concurrencia de las finalidades legalmente previstas para la adopción de la medida de prisión provisional que tiene carácter excepcional. Las razones se basan en que la investigada es de Tenerife, tiene familia y trabajo en la isla y no tiene antecedentes penales.

Asimismo, el fiscal basa su petición en que no existe riesgo de ocultar pruebas y la finalidad de evitar la reiteración delictiva se puede lograr con la retirada inmediata del permiso de conducción, tal y como finalmente ha ocurrido.