El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado una moción del PP que apostaba por pedir a la Junta de Andalucía que dejase "sin efecto" la nueva orden autonómica que regula las transferencias a los ayuntamientos para los costes del servicio de ayuda a domicilio, para que los mismos no se vean obligados a "adelantar" los fondos.

La diputada provincial del PP de Sevilla Isabel Díaz ha defendido esta moción que expone que la orden autonómica de 28 de junio de este año relativa al servicio de ayuda a domicilio "modifica sustancialmente el sistema de pago" de este servicio financiado por el Estado y las comunidades autónomas pero canalizado mediante los ayuntamientos, que de su lado contratan a empresas para la prestación efectiva de los cuidados y la asistencia.

Según la diputada del PP, la nueva orden se traduce en una modificación del sistema, según la cual los ayuntamientos reciben las transferencias de la Junta de Andalucía para la financiación del servicio, "una vez prestado el servicio y justificados" los gastos afrontados. "En la práctica, se trata de que las administraciones locales adelanten el dinero, lo que genera una nueva carga para los ayuntamientos y diputaciones", ha señalado.

Igualmente, avisa de que con el nuevo método, los ayuntamientos de localidades de menos de 20.000 habitantes no obtienen las transferencias autonómicas "hasta la justificación en tiempo y forma" de todos los trabajos prestados en la materia en el conjunto de la provincia.

Por eso, la moción reclama "dejar sin efecto" la citada orden autonómica y buscar una nueva "normativa de actualización" de los pagos por los servicios de ayuda domiciliaria, de la mano de las corporaciones locales y del sector.

Durante el debate plenario, todos los grupos de oposición han apoyado el contenido de la propuesta del PP, que no obstante ha tenido que afrontar críticas por los "recortes" acometidos en materia de servicios sociales por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Así, los portavoces de IU, Ciudadanos y Participa han lamentado que los socialistas defiendan "el municipalismo", pero a la par orquesten los pagos de la ayuda a domicilio en contra de los intereses de los ayuntamientos.

Frente a ello, la diputada provincial de Cohesion Social e Igualdad, Lidia Ferrera, ha defendido que el nuevo sistema está negociado con las ocho diputaciones andaluzas y está diseñado para ceñir los pagos a las "justificaciones mensuales y reales" de los gastos que supone el servicio de ayuda a domicilio. El problema, según ha insistido, es que "los fondos no llegan" porque el Gobierno central, gobernado por el PP, asume sólo el 19 por ciento de la financiación de los servicios ligados a la Ley de Dependencia, cuando estaba prevista una financiación al 50 por ciento entre el Estado y las autonomías.

Finalmente ha tomado la palabra el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha reconocido que el asunto constituye "un problemón". Al respecto, ha manifestado que el Estado "no paga lo que tiene que pagar", mientras de otro lado, "la Junta de Andalucía se ha inventado un tinglado que ni Cristo lo sabe y nos tiene a todos asfixiados".

No obstante, y también en calidad de presidente de la Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP), se ha comprometido a emprender gestiones para "buscar una fórmula" que solucione la situación, toda vez que la moción ha contado con el respaldo de toda la oposición, pero ha sido rechazada al votar en contra el PSOE, que goza de mayoría absoluta.