El Interlocutor Policial Territorial Sanitario entrará en funcionamiento en los próximos días en Castilla y León, con lo que hospitales y centros de salud podrán coordinarse con un agente de la Policía Nacional y otro de la Guardia Civil, designados al efecto en cada provincia, el primero con competencias en la capital y el segundo en el medio rural, con el fin de adoptar medidas preventivas y estructurales de seguridad.

Se trata de una figura impulsada el pasado mes de julio a raíz de la instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior para prevenir y reducir las agresiones entre el colectivo de médicos y enfermeras, situación muy preocupante, tal y como ha expresado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, si se tiene en cuenta el "incremento discreto año tras año" de este tipo de conductas, que en 2016 se tradujeron en 427 incidentes con un total de 525 profesionales afectados y en los primeros meses de 2017 se elevan a 244, "con lo que si sigue esta tendencia al final de año habría 480 incidentes".

Con respecto al escenario de las agresiones, el 60 por ciento se producen en hospitales y el resto en los servicios de Atención Primaria de los centros de salud, y en cuanto a su tipología, un 62 por ciento son de tipo verbal, otro 18 por ciento de tipo físico y un 20 de carácter psicológico, con la particularidad de que más del 80 por ciento de las víctimas son mujeres.

Ante ello, el Interlocutor Territorial Sanitario permitirá que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) reciban información de los responsables de los distintos centros hospitalarios sobre las medidas de seguridad con que cuentan a fin de aumentarlas, en caso de no ser suficientes, o modificarlas, sobre todo en los denominados "puntos críticos", tal y como ha precisado Sáez Aguado, en declaraciones recogidas por Europa Press, al referirse a los servicios de Urgencias Hospitalarias y los de Psiquiatría y Salud Mental, amén de determinados centros de salud.

Y es que, a juicio del consejero, "en esa línea de tolerancia cero contra las agresiones son necesarias medidas sanitarias, administrativas, judiciales y también policiales", de ahí la propuesta realizada para que estas delegaciones participen también en el Observatorio de Agresiones, del que ya forman parte la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, para recibir toda la información sobre la evolución de este tipo de hechos.

"Es una iniciativa de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior muy importante porque va a ayudar a cerrar el círculo de las intervenciones sanitarias, administrativas, Fiscalía, así como de la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Sáez Aguado y la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, partidaria igualmente de la "tolerancia cero en agresiones, insultos o amenazas", han presentado la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario en el transcurso de un acto celebrado en la sede del departamento de esta última, en Valladolid, con participación de mandos de las FCSE y representantes regionales y provinciales de los colegios de médicos y enfermeros.