Fresno ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el documento muestra un aumento "muy significativo" de estos casos, que representan ya el 68 por ciento de los 202 recogidos en el informe anual.

Aunque no hay datos sobre el perfil de los usuarios de redes sociales que mantienen este tipo de conductas o discursos de odio, Mar Fresno ha vinculado éstos en gran parte a la población joven, al representar en mayor número a los usuarios de las redes sociales, y ha insistido en la necesidad de ser conscientes de la trascendencia y repercusión que tienen.

El Informe Anual

de Discriminación y Comunidad Gitana plasma un total de 202 casos de discriminación, de los que el 20 por ciento pertenecen a Castilla y León, a través de los que se ha atendido a 334 personas.

Los ámbitos más relevantes en los que se han detectado los incidentes con la población gitana han sido Internet, empleo y acceso a bienes y servicios, con unos porcentajes del 33, 21 y 15 por ciento, respectivamente.

Respecto al perfil de las víctimas, el documento reseña que el 80 por ciento de las personas atendidas fueron menores de 45 años y que el 66 por ciento se ubican entre los 16 y 45 años, mientras que del cómputo global, el 43 por ciento son mujeres.

Al respecto, el informe anual concreta que las mujeres gitanas atendidas tuvieron, sobre todo, problemas en los accesos a bienes y servicios, destacando en este ámbito los casos registrados en los supermercados y centros comerciales.

LEY INTEGRAL

Como tema central, el informe aborda la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación al reivindicar su necesario avance para garantizar la igualdad de todos los grupos de población en el territorio nacional.

En este sentido, el documento propone que dicha ley tenga un carácter garantista para que no sea únicamente una proclama jurídica, sino para que se convierta realmente en una legislación que promueva una igualdad real.

El informe también abarca un capítulo de recomendaciones generales para impulsar la lucha contra la discriminación, entre las que destacan que se convierta en una prioridad de las agendas de los partidos políticos, se aplique la reforma del Código Penal en esta materia y se forme y coordine en este ámbito a todos los agentes profesionales considerados clave en esta cuestión.